La imputación del BBVA en el caso Villarejo por cuatro delitos -entre ellos cohecho y corrupción en los negocios- ha llevado al magistrado al frente de estas pesquisas, Manuel García Castellón, a indagar en qué condiciones se produjo la contratación con el entramado empresarial del comisario jubilado. Por ese motivo, el instructor apunta a la cúpula de la entidad como la responsable de estos acuerdos aunque sin delimitar si se trata del equipo directivo de Francisco González, o bien del actual presidente del banco, Carlos Torres.
Así se desprende del auto de imputación de la entidad como persona jurídica, recogido parcialmente por Efe, y en el cual se señala a la alta dirección por la firma de estos contratos que comenzaron a mediados de la década del 2000 con la operación 'Trampa'. Así es como se bautizó a este encargo concreto que se llevó a cabo bajo la presidencia de Francisco González y ante el temor del asalto al capital del banco por parte de la constructora Sacyr; ahora bien, la relación contractual de la entidad con Cenyt y otras empresas del grupo de Villarejo se prolongó durante más de trece años. Por ese motivo, fuentes jurídicas consultadas por La Información precisan que las referencias a la cúpula del BBVA no se concretan en ninguna figura concreta.
El magistrado que dirige el caso 'Tándem' razonó en el auto por el cual acordó la imputación del banco que ahora se hace necesario determinar si se tomaron las medidas oportunas para evitar la comisión de delito o, por el contrario, se valió de "la ausencia de mecanismos de control" y de "prácticas contrarias a la buena fe empresarial" para facilitar estos acuerdos con las empresas del agente encubierto. Los mismos se enmarcan en labores de espionaje y de extorsión -según mantienen los investigadores- y por ellos la entidad acabó desembolsando más de diez millones de euros.
Trabajos consentidos
El instructor alega además que los trabajos en cuestión fueron consentidos por la cúpula del banco y de ellos se produjo un beneficio personal y empresarial. Es en ese punto donde reside la clave de la imputación de la entidad como persona jurídica, la cual se produce tras la reforma del Código Penal de 2010. Este cambio de la normativa permite que entes como empresas, organismos o entidades bancarias puedan responder penalmente por hechos que habrían reportado un provecho a personas físicas (en este caso trabajadores del BBVA) o bien al banco.
La ausencia de concreción al referirse el magistrado a la cúpula del banco hace suponer que tanto la anterior directiva como los actuales gestores están bajo el foco de los investigadores, especialmente porque se trata de hechos prolongados en el tiempo. Precisamente, esa continuidad temporal es lo que hace que se le pueda imputar los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. Los fiscales Anticorrupción al frente de la causa razonaron que el primer tipo penal es aplicable al banco en tanto se produjeron pagos "ilícitos" prolongados en el tiempo a Villarejo pese a que éste seguía siendo un funcionario policial en activo.
El descubrimiento y la revelación de secretos se explica con la captación de miles de llamadas telefónicas a importantes protagonistas de la vida política empresarial y bancaria del país no solo en el marco de la operación 'Trampa' sino también en otras circunstancias posteriores a este encargo concreto. En lo que respecta a la corrupción entre particulares -primera entidad a la que se le imputa por este delito concreto- los fiscales explicaron que ésta se justificaba dado que "al menos uno de los directivos" imputados en la última batería de diligencias acordadas en esta pieza, habría recibido "dádivas" de Cenyt a cambio de favorecer estas contrataciones.
Primeras repercusiones
Las reacciones a la imputación de la entidad no se hicieron esperar y desde la misma se lanzó un comunicado a la prensa dejando clara su intención de colaborar con la Justicia y con estas pesquisas a las cuáles ya han aportado abundante información interna a petición expresa de la Fiscalía Anticorrupción. Cerca de 24 horas después, hacía lo propio el expresidente del banco, Francisco González, en un comunicado en el que dejaba patente su interés de desvincularse de todos estos negocios con el entramado del principal acusado del procedimiento. Las reacciones por separado y en diferentes tiempos dejan patente que no existe una única estrategia de defensa entre todos los imputados.
Más bien al contrario, puesto que el actual presidente de la entidad busca desligarse de todos estos hechos pasados pese a que le salpican de cerca al tratarse de una relación laboral que se alargó hasta alcanzar los años en los que él ya ostentaba cargos de dirección en los departamentos de Estrategia y Desarrollo y Banca Digital. Con todo, el daño reputacional es una realidad ya en la entidad, la cual a última hora de este martes cesaba a Eduardo Arbizu al frente del departamento de regulación y control interno. Este directivo fue responsable del área de servicios jurídicos bajo la presidencia de FG.
Con todo, el banco afronta ahora un largo proceso de instrucción de esta novena pieza que viene marcado, en primera instancia, por la necesidad de designar un representante legal para poder litigar en el macroprocedimiento. Tras ello, se producirá su citación para declarar en sede judicial, como ya hicieran los ocho directivos recientemente imputados. Fuentes jurídicas consultadas por este diario precisan que el magistrado instructor estudia levantar el secreto de sumario a la vuelta de las vacaciones y, tras ello, volver a citar a los directivos, investigados por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos. Entre ellos se encuentran el 'exnúmero dos' de FG, Ángel Cano, y el exjefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, a quien Villarejo señaló como 'el nexo de unión' entre sus empresas y la entidad ahora imputada.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios