El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la imputación en el caso Tándem del expresidente del BBVA Francisco González por los pagos ligeramente superiores a 10 millones de euros que se efectuaron desde la entidad al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo, según precisan fuentes jurídicas a La Información, las cuales confirman que se escuchará en sede judicial al banquero el próximo lunes 18 de noviembre y dos días después al representante legal del banco, imputado también como persona jurídica.
El instructor de la macrocausa acuerda esta diligencia tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que imputara formalmente al banquero por el conocimiento que pudiera tener sobre estos hechos. También lo pidió para el actual asesor de cabecera en el BBVA, Juan Asúa, y el que fuera responsable del área de servicios jurídicos Eduardo Arbizu. Todos ellos declararán igualmente en sede judicial tras González, el cual este mismo miércoles apeló de nuevo a su presunción de inocencia y mostró su disposición a colaborar con la Justicia. A esta lista hay que sumar a los también exdirectivos Manuel Castro (Riesgos), Eduardo Ortega y José Manuel García Crespo (servicios jurídicos) además del inspector de Policía retirado Antonio Bonilla.
Tanto en la petición de Anticorrupción como en la decisión del magistrado ha influido el avance de las pesquisas que se siguen en esta pieza secreta del caso Tándem. Las mismas arrancaron este mismo año a tenor de unas grabaciones que obran en sumario del procedimiento y que implican directamente al comisario jubilado y al que fuera jefe de seguridad de la entidad, Julio Corrochano. De hecho, una de las primeras diligencias acordadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 consistió en la imputación del exdirectivo del banco, a quien se le impuso una fianza de 300.000 euros, así como al exCeo Ángel Cano y otros seis altos cargos más vinculado a los pagos de los trabajos realizados por el agente encubierto.
El origen de los encargos
Los investigadores reclamaron desde un primer momento al banco que aportara a esta pieza novena del caso Tándem toda la documentación clave para avanzar en la investigación. La recepción de la misma derivó en la imputación de todos estos exdirectivos que se acogieron a su derecho a no declarar en su interrogatorio ante el juez al encontrarse las diligencias bajo secreto de sumario. No optó por esta vía el expresidente de Distrito Castellana Norte y exresponsable de riesgos del banco, Antonio Béjar, el cual se desmarcó de sus hasta entonces compañeros y mostró su disposición a colaborar con las pesquisas.
En el marco de esta estrategia de defensa, Béjar ha acudido hasta la fecha un total de cuatro veces al juzgado para detallar todos los pormenores acerca de los pagos a Cenyt. Al respecto, y según ha podido saber este periódico, en todos estos interrogatorios a puerta cerrada el empresario informó a los investigadores acerca del inicio de la contratación con el entramado empresarial de Villarejo así como qué trabajos concretos acometió el agente. Béjar explicó que desconocía que detrás de esta empresa estaba el policía y que parte de los trabajos acometidos consistieron en identificar clientes morosos y hacer investigaciones patrimoniales.
Y es en este punto donde el nombre de Francisco González sale a relucir puesto que las órdenes de encargar todos estos proyectos a los negocios del policía -el cual estaba en activo entonces- habrían salido de la cúpula de la entidad. De hecho, fue determinante la declaración que prestó el propio comisario desde Estremera el pasado verano donde confirmó que su nexo de unión con el BBVA era Corrochano, a quien conocía antes de su entrada en el banco al haber ejercido como comisario general de la Policía Nacional.
Las pesquisas determinan que la primera toma de contacto con Villarejo se centra en el año 2004. El entonces presidente del banco le habría encomendado que vigilara muy de cerca a políticos, periodistas y empresarios del país ante la sospecha de que Sacyr se quería hacer con parte del control de la entidad. Al ser preguntado por todos estos puntos Villarejo dijo en sede judicial que su participación en estos hechos fue crucial y que lo hizo por una cuestión de defensa de la soberanía nacional.
También es importante destacar que el banco tenía contratados los servicios de investigación patrimonial a la reconocida firma estadounidense Kroll (conocida por investigar a otras personalidades importantes del país como Mario Conde), si bien la excúpula del banco que preside ahora Carlos Torres ordenó que estas cuestiones fueran a parar al grupo de Villarejo, el cual ya llevaba años trabajando con la entidad. De hecho, la pista ahora se centra en estudiar si las facturas que cobró Cenyt del banco, precisamente por este tipo de asuntos, se habrían 'inflado' para recompensarle por presuntas actividades de espionaje acometidas por el agente.
Hasta la fecha, figuran como imputados en esta pieza novena del caso Ángel Cano, Julio Corrochano, los exdirectivos Ignacio Pérez Caballero (banca comercial), Javier Malagón (Finanzas), Antonio Béjar, Inés Díaz Ochagavia (actual jefa de seguridad), Nazario Campo (jefe de equipo del banco) y Ricardo Gómez (contabilidad). Junto a todos ellos hay que sumar el propio banco como persona jurídica. A la entidad se le atribuye cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. Con todo, el exjefe de seguridad bancaria del BBVA César Bilbao, también está imputado en Tándem aunque en otra pieza diferente, la relativa al presunto espionaje encargado a la competencia por parte del despacho Herrero y Asociados.
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