Martes, 15.10.2019 - 06:15 h
Prevista para este jueves

El juez del caso Villarejo suspende la citación del BBVA tras escuchar a Béjar

El magistrado suspende por segunda vez el interrogatorio al representante legal del banco tras escuchar al exdirectivo de operaciones del BBVA.

Béjar
Béjar ha prestado declaración ante el juez hasta en tres ocasiones anteriores. 

El magistrado al frente del caso Tándem, Manuel García Castellón, ha suspendido el interrogatorio señalado para este jueves a un representante legal del BBVA tras imputar al banco en la causa como persona jurídica. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda esta medida tras escuchar al exdirector de operaciones de la entidad, Antonio Béjar, que estaba citado este mismo miércoles, según informan fuentes jurídicas a este diario. 

La de hoy ha sido la cuarta comparecencia en sede judicial del expresidente de Distrito Castellana Norte desde su citación en calidad de investigado por delitos de cohecho y revelación de secretos el pasado mes de julio. El magistrado al frente del caso Tándem, Manuel García Castellón, acordó la imputación de un total de ocho altos cargos del banco (a los que hay que sumar la del exresponsable de seguridad César Bilbao), en aras a esclarecer los pagos superiores a los 10 millones de euros que efectuó la entidad a las empresas de Villarejo, con la que comenzó a trabajar en el marco de la bautizada como Operación Trampa. La misma consistió en espiar a importantes políticos, empresarios y miembros del Gobierno de Zapatero ante el temor de un intento de asalto al banco por parte de Sacyr. 

Ya en su primera citación judicial Béjar se desmarcó de la estrategia del resto de compañeros y, en lugar de acogerse a su derecho a no declarar, contestó a las preguntas de su letrado, el juez Javier Gómez Bermúdez. En ese momento explicó que efectivamente se contrató a Cenyt y se abonaron pagos desde el área de Riesgos y Operaciones de la entidad. No obstante, encuadró estos abonos en el marco de trabajos para localizar morosos y no como resultado de un encargo de espionaje al inspector jubilado, el cual dijo desconocer. 

Su segunda declaración ante el magistrado Manuel García Castellón se produjo el 26 de julio después de conocerse que desde Distrito Castellana Norte, que todavía presidía, se destruyó información que podría estar vinculada al caso. De hecho, este asunto provocó que se abriera una nueva vía de investigación en la causa penal de cara a esclarecer este asunto. Al término de la comparecencia, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se le dejara en libertad sujeta al pago de una fianza de 500.000 euros; no obstante retiró la petición de esta medida cautelar apenas tres días después tras volver éste a la Audiencia Nacional. 

Béjar ha aportado numerosa documentación a la causa en aras a colaborar con los investigadores al frente de esta macrocausa. Esta línea de defensa completamente diferenciada del resto de acusados en la novena pieza del caso Tándem derivó primero en que fuera apartado de la presidencia de DCN y, después, despedido de la entidad, tal y como adelantó este medio. Durante el tiempo en que Béjar estuvo al frente del consorcio conocido anteriormente como Operación Chamartín, Béjar tuvo suspendido su contrato con el banco. Ahora bien, una vez abandonado este cargo éste debía reactivarse aunque finalmente acabó saliendo de la entidad. 

Semana crucial para el BBVA

La comparecencia de Béjar en la Audiencia Nacional se produce en un momento crucial para la entidad tras su imputación en la causa como persona jurídica. Este mismo jueves estaba llamado a declarar un representante legal del BBVA para dar explicación por los pagos efectuados desde el año 2003 a Villarejo y su socio Rafael Redondo. Sin embargo, la decisión del instructor de suspender el señalamiento retrasa el esclarecimiento acerca de si en todo este tiempo se cumplieron los controles normativos de la entidad o bien los ahora investigados actuaron al margen de las normas del banco. Para ello se apoyarán en el forensic de PwC que recibió tres días antes de las imputaciones. 

La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de la entidad en esta parte de la investigación que se mantiene bajo secreto de sumario por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. El análisis de toda la documentación incautada en los registros así como de la aportada por el banco acreditarían la contratación con Cenyt y los pagos presuntamente irregulares puesto que detrás de los servicios contratados se incluiría espionaje de datos confidenciales y seguimientos personales al margen de la Ley.

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