El Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha dado por finalizada la instrucción del caso Erial que investiga a veinte personas, entre ellas a los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y la familia Cotino, por el posible cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana. Junto a Zaplana se ha procesado a otros investigados como el considerado presunto testaferro del 'expresident' Joaquín Barceló; el también 'expresident' de la Generalitat José Luis Olivas y Vicente y José Cotino, entre otros. Por otro lado, ha decretado sobreseimiento provisional de la causa para la hija de Zaplana y su mujer al no ver indicios de delito.
El juzgado da a las partes un plazo de diez días para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, según el auto de transformación a procedimiento abreviado dictado este jueves al que ha tenido acceso EFE, que pone fin así a una instrucción que tuvo su momento más destacado con la detención de Zaplana hace ahora cuatro años.
La jueza descarta las pruebas solicitadas por Zaplana en relación a la sociedad holandesa Natland y la declaración de tres testigos (Marcos Benavent, José Manuel Villarejo y una testifical sobre la empresa Natland). Según el auto, existen indicios de la existencia de una organización formada por personas que, aprovechándose algunas de ellas de los cargos políticos que tenían o habían tenido, a lo largo de los años junto a varias empresas ya existentes o creadas ex profeso, y ayudadas por empresarios, facilitaron la obtención de contratos públicos; todas las partes lograron beneficios económicos que posteriormente fueron objeto de blanqueo y otros delitos.
Los presuntos delitos que cita el auto son organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental, y como presuntos autores apunta a una veintena de personas, entre ellas Eduardo Zaplana, Joaquín Barceló Llorens (testaferro), Vicente y José Cotino Escrivà, José Luis Olivas y las empresas Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras. Los investigados, "dirigidos por" Zaplana, según la instructora, formaban un grupo cercano al expresident por vínculos de amistad, como en el caso de Joaquín Miguel Barceló Llorens, o por haber tenido relación con ellos por la posición política que ostentó y las relaciones que tuvo desde su cargo público, y ello con el fin de poder obtener ganancias ilícitas.
Se ayudaban en la consecución de este fin de Francisco Grau Jornet, Juan Francisco García Gómez, Mitsuko Flerida, Joaquín Miguel Barceló Llorens y otros, y especialmente de parte de los empresarios que formaban el grupo SEDESA -Vicente Cotino Escrivá y José Cotino Escrivá-, y el ya fallecido Juan Cotino -ex presidente de Les Corts, exvicepresidente del Consell y ex director general de la Policía-, usando sociedades como Asedes Capital. Tras la privatización de las ITV y la ordenación territorial de los Parques Eólicos, objeto del procedimiento y un proceso que se inició en el periodo en que Zaplana presidió la Generalitat, los concursos públicos sobre los que se abrió licitación fueron adjudicados a Proyectos Eólicos Valencianos (participada por Endesa, Bancaja y Levantina de Obras y Edificios, y más tarde Inversiones Imison) en tres de las zonas.
Así se indicaba en los documentos encontrados en la que fue vivienda de Zaplana y donde se recogía el importe de las cantidades que tenían que pagar los que pretendían que les fueran adjudicados, además del precio de la propia adjudicación. Esos documentos son los llamados "papeles del sirio" que fueron intervenidos al autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, durante la investigación del caso Imelsa. Quienes aspiraban a esas adjudicaciones eran empresas predeterminadas como el Grupo Sedesa y para ello se efectuaron "concursos a la carta" para que las empresas interesadas, previa estipulación de comisión, se hicieran con esos contratos públicos.
La forma planificada por Eduardo Zaplana, según el auto, era "quedar ante todo oculto en la sombra de todo tipo de actividad, con el fin de eludir posibles responsabilidades y dado que era conocido públicamente". Por ello utilizó a sus amigos y conocidos, añade la jueza, a los que hizo partícipes de los beneficios obtenidos en cantidades mínimas con el fin de conseguir su colaboración, como con Joaquín Miguel Barceló, que figuraba como administrador en sociedades creadas tanto en España como en el extranjero y en cuentas corrientes.
De esta manera, Zaplana quedaba "al margen, formalmente, y libre de responsabilidades mientras recibía importantes beneficios económicos". Tras el entramado de sociedades en España, Uruguay, Panamá y Luxemburgo, y cuentas abiertas en países como Andorra y Luxemburgo para cometer los presuntos delitos, y con el fin de poder retornar el dinero a España y utilizarlo, era necesario contar con sociedades con sede en España. De esa forma se constituyeron, según la instructora, MEDLEVANTE SL y Gesdesarrollos Integrales SL, dos de las que forman parte del entramado empresarial para el retorno de los fondos. Esta resolución no es firme y frente a ella cabe recurso ante este juzgado de Valencia.
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