El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado este viernes la apertura de juicio oral contra Globalia Servicios Corporativos, sociedad para la que la Fiscalía reclama el pago de una indemnización de 22,7 millones de euros y una multa de 9,5 millones por fraude en las subvenciones otorgadas por el Ministerio de Fomento para rebajar el precio de los billetes a las islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla para los residentes.
Tras conocerse este jueves la petición de la Fiscalía, el juez la ha dictado una resolución en la que se recogen los escritos de acusación del fiscal y de la Abogacía del Estado, este último de mutuo acuerdo con la propia Globalia.
En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 señala al Juzgado Central de lo Penal como el competente para el enjuiciamiento de los hechos.
Por su parte Globalia siempre ha defendido que si ha cometido un error está dispuesta a asumirlo y ha mostrado su colaboración con la Administración. Asimismo, apunta que la ley que regula el descuento del 50% sobre la tarifa de residentes era lógica cuando se aprobó en 1951 pero defiende que la demanda sobre estos billetes ha cambiado mucho desde entonces, según han apuntado fuentes de la misma a Europa Press.
RESPONSABLES CIVILES
Además el juez da traslado, en calidad de responsables civiles subsidiarios, a las entidades Air Europa, Viajes Halcón, Viajes Ecuador Sam Globalia Bussines Travel (Travelplan) y Viajes Tu Billete "para que si les conviniere puedan personarse y presentar escrito de defensa con lo que respecta a la responsabilidad civil" en un plazo de 10 días.
Según la acusación de la Fiscalía, el grupo puso en marcha una operativa destinada a recaudar "importes subvencionables superiores a los que realmente constaban en cada billete, presentando, no la cantidad efectivamente cobrada, sino la cuantía máxima por tarifa aérea y gastos de emisión registrada en el Ministerio de Fomento".
El Ministerio Público asegura que los billetes emitidos por la compañía aérea Air Europa Líneas Aéreas Sociedad Anónima Unipersonal (Air Europa) y comercializados por diversas agencias de viajes, todas ellas pertenecientes al grupo empresarial Globalia Corporación Empresarial S.A. (Globalia) se produjo "una generalizada igualación de las cantidades que se reclamaban al Ministerio de Fomento, en aplicación del Real Decreto 1316/2001, en concepto de bonificación en los vuelos de residentes extrapeninsulares".
Air Europa solicitaba, con carácter general, en el concepto de cargos por emisión la cuantía que ascendía en los primeros años a los que refiere la presente causa a 20 euros (por tanto, 10 euros bonificables como máximo) y que luego subió a 25 euros (por tanto, 12,50 euros bonificables como máximo), con independencia de la cantidad efectivamente cobrada por este concepto por la agencia de viajes, dice el escrito.
Asimismo, se presentaban liquidaciones al Ministerio por "la tarifa fare" registrada ante dicho organismo por Air Europa, y no por la efectivamente cobrada al pasajero, de modo que existe subvención de billetes aéreos abonados por la Administración por una cuantía superior a la legalmente establecida, agrega el fiscal.
Este sistema fue ideado --defiende la Fiscalía-- por una persona "no suficientemente identificada, con facultades decisorias en la sociedad acusada" en fecha tampoco determinada y trasladada como mecánica de procedimiento a las compañías del grupo, que de esta forma creó un sistema de cobro de tarifas subvencionadas por encima de lo dispuesto en la ley.
El juez instructor Eloy Velasco archivó el pasado 24 de octubre el procedimiento para el presidente del Grupo, Juan José Hidalgo, y mantuvo acusada a la compañía como persona jurídica.
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