Chaves y Griñán engrosan el ranking de expresidentes y exministros condenados

Jaume Matas, Gabriel Urralburu, Juan Hormaechea, José Marco... forman parte de la larga lista de expresidentes autonómicos que han sido declarados culpables tras su paso por el banquillo. Al ranking se han unido este martes los líderes del PSOE andaluz, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, quienes han sido condenados por la Audiencia de Sevilla en el marco del caso de los ERE.

Mientras la pena para Griñán ha sido de seis años de cárcel y quince años de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación de fondos públicos, su predecesor en el cargo, Chaves, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por delito continuado de prevariación y no tendrá que parsar por prisión. Los delitos de los que se les acusan, malversación y prevaricación, están entre los más recurrentes de un grupo al que han sido los últimos en incorporarse. Además de expresidentes autonómicos y presidentes de su partido, ambos han sido también ministros del Gobierno de España: Griñán de Trabajo y Sanidad, y Chaves vicepresidente del Ejecutivo y ministro de Trabajo y Política Territorial.

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Desde Urralburu muchos más se han unido a la lista aunque la Justicia aún no se ha pronunciado sobre todos ellos, como los 'populares' Eduardo Zaplana, de la Comunidad Valenciana, o Ignacio González, de la Comunidad de Madrid, que siguen encausados y a la espera de la respuesta judicial. 

Por otro lado está el caso de Juan Hormaechea de la Unión para el Progreso de Cantabria, presidente de esta región entre 1987 y 1995, que fue condenado en 1994 a seis años de prisión y otros siete de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos pero que no cumplió condena. Tras varios recursos, el Tribunal Supremo confirmó en 2004 la condena de 3 años de cárcel y 13 de inhabilitación, pero no llegó a ingresar en prisión al ser indultado.

El socialista José Marco, presidente de Aragón entre 1993 y 1995, fue otro caso sonado de malversación de caudales y falsedad en documento público en el denominado como 'caso del Sillón' que le costó una condena de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 13 meses de cárcel y 6 años de inhabilitación, en 1995. Tras este episodio, la Justicia volvió a 'echarle el lazo' en 1999 cuando se vio involucrado en un caso de espionaje a políticos, por la Audiencia de Zaragoza a 9 meses de prisión y dos años de inhabilitación absoluta por malversación y a seis meses y un día de prisión por falsedad en documento público.

El más veterano de la lista es Gabriel Urralburu, presidente socialista de Navarra entre 1984 y 1991. Este recibió la sentencia condenatoria de manos de la Audiencia de dicha comunidad, a once años de prisión y nueve de inhabilitación para cargo público. Además, el tribunal impuso una multa de 780 millones de pesetas (4.700.000 euros) por sendos delitos de cohecho continuado y contra la Hacienda Foral.

En 2001, el Tribunal Supremo (TS) estimó de forma parcial los motivos de casación que interpuso Urralburu estimó una reducción de condenahasta los cuatro años, aunque poco después de su ingresó en prisión en 2003, obtuvo el tercer grado.