"El Pazo de Meirás siempre fue propiedad privada". Así ha querido zanjar el que fue alcalde de Sada entre los años 1979 y 2007, Ramón Rodríguez Ares, la polémica sobre su legitimidad durante la primera jornada del juicio por la propiedad del pazo de esta localidad coruñesa. Según el regidor dos administraciones, la Diputación y el Ayuntamiento de A Coruña, se interesaron por la compra del pazo en los primeros años de la década de los 80, por lo que es "correcto" que desde las administraciones públicas se reconociese que la propiedad era de la familia Franco. "Una cosa, para recuperarla, tiene que haber sido antes de alguien, eso siempre fue una propiedad privada", ha enfatizado el primer testigo en declarar a instancias de los herederos de Franco mientras, a las puertas de los juzgados, medio centenar de personas se han concentrado desde primera hora al grito de "¡Fascismo nunca más!".
El juicio por la reclamación del Estado de la propiedad del Pazo de Meirás, que se celebrará durante toda la semana en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, cuenta con la Abogacía del Estado como parte demandante y como intervinientes que también solicitan la devolución de la propiedad al patrimonio público están la Xunta, la Diputación de A Coruña y los Ayuntamientos de Sada y A Coruña. Como parte demandada se han personado seis miembros de la familia Franco y una sociedad mercantil, cuya defensa sostiene que Franco compró el inmueble a la familia Pardo Bazán.
En esta primera jornada han comparecido como testigos un guardia hortelano del pazo hasta 1990, dos vecinos de Meirás, un funcionario del Ayuntamiento de A Coruña, el alcalde de Sada desde 1979 hasta 2007 y un amigo de la familia Martínez-Bordiú Franco. "A mi abuela la expulsaron de su casa", ha relatado el vecino de Meirás Juan Pérez Babío, de 70 años y residente este pueblo casi toda su vida, uno de los cuatro testigos de hoy a instancias de la Abogacía del Estado y que ha denunciado que a su abuela le quitaron sus tierras para ampliar la propiedad del pazo.
Sobre los trabajadores del pazo a cargo del erario público, ha indicado que recuerda las estancias de Franco en verano, acompañado por personal de seguridad de la Guardia Civil y "otra serie de personal antes de la llegada de él" que pertenecía, ha reiterado en varias ocasiones, a la Comandancia de Obras (albañiles, pintores o electricistas) y jardineros del Ayuntamiento de A Coruña.
Durante el resto del año "siempre" había agentes de la Guardia Civil en un acuartelamiento que está a cien metros del cierre perimetral del pazo para vigilarlo, y dentro "solía haber dos parejas" de agentes que pertenecían a la Comandancia y residían en una casa intramuros, además de guardias hortelanos. Sobre el incendio en el pazo en 1978 ha detallado que camiones de bomberos e incluso del Ejército acudieron a sofocar las llamas, "no entraron ni uno ni dos, más", y fue a partir de ese momento cuando dejó de ver a la familia en el pazo, aunque asegura que "su centro de vacaciones" en verano es la Casa Cornide, en A Coruña.
El primer testigo de la jornada ha sido el guardia civil jubilado José Suárez Rozas, de 80 años, que permaneció en el pazo como vigilante desde 1982 hasta 1990 y que ha alegado que no recibía ninguna cantidad económica de la familia Franco por sus tareas, que consistían en "vigilar aquello y cortar zarzas por los caminos". Por su parte, un funcionario del Ayuntamiento de A Coruña desde 1988, que estuvo destinado en el departamento de gestión de suelo y patrimonio, Arturo Abad, elaboró un informe sobre las asistencias que el Ayuntamiento de A Coruña realizó en los años 60 y 70 del servicio de extinción de incendios que transportaba agua a Meirás en julio y agosto sin percibir un reembolso.
El segundo y último testigo de los herederos esta jornada, tras la renuncia a la declaración del secretario particular de Carmen Polo y de Carmen Franco Polo después del fallecimiento del dictador, ha sido un amigo de la familia Martínez-Bordiú Franco y suegro de una de las demandadas, Luis Fernando Quiroga Piñeiro, que asumió labores de gestión durante la rehabilitación del pazo tras el incendio en 1978. "Carmen tenía miedo a la obra pero eso nunca lo hemos hablado -ha dicho tras ser preguntado por si tenía dudas de si era la propietaria-, ni ella conmigo se sinceró en ningún momento sobre ese tema, en la época de Carmen Franco ni se lo cuestionaba".
Su relato, al igual que la comparecencia anterior, explica que la familia siguió disfrutando del inmueble tras la muerte del dictador y que, a partir del incendio, lo visitaban pero se alojaban en la Casa Cornide, en A Coruña. "La rehabilitación del pazo a raíz del incendio a mi modo de ver la pagó ella o la familia, hicieron un esfuerzo entre todos", ha abundado sobre las obras de rehabilitación, que empezaron en el año 1998 y finalizaron en 2002. "¡El esfuerzo económico que hicieron para ir un mes allí!", ha exclamado el testigo.
Representantes del Gobierno, de varios partidos políticos y asociaciones que han acudido esta mañana a las puertas del juzgado han coincidido en esperar "justicia y dignidad" de este proceso para que el inmueble sea patrimonio público. Por su parte, el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera Molina, ha asegurado a su llegada al juzgado que este juicio es "de naturaleza civil", por lo que ha confiado en que "no haya ninguna implicación política". Desde primera hora, hasta medio centenar de personas se han concentrado ante el juzgado coruñés con consignas como "el Pazo es del pueblo".
Mañana está prevista la declaración de los coautores del informe sobre actuaciones de la Comandancia de Fortificaciones y Obras de A Coruña, dependiente del Ministerio del Ejército, en el Pazo de Meirás, y coautores del libro 'Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio', así como del presidente de la Comisión de Expertos de la Xunta que realizó, en junio de 2018, el informe sobre las posibilidades de incorporar al patrimonio el Pazo de Meirás.
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