Juicio por represión de 2001 comienza con reclamos para juzgar a De la Rúa

  • El juicio por la sangrienta represión policial durante la crisis de 2001 en Argentina comenzó hoy en medio de reclamos de familiares de las víctimas para que el entonces presidente Fernando de la Rúa también sea juzgado.

Buenos Aires, 24 feb.- El juicio por la sangrienta represión policial durante la crisis de 2001 en Argentina comenzó hoy en medio de reclamos de familiares de las víctimas para que el entonces presidente Fernando de la Rúa también sea juzgado.

El proceso oral y público, que se sigue en tribunales de Buenos Aires y puede durar casi dos años, se inició hoy con la lectura de los cargos a los dieciséis ex policías y un exfuncionario acusados de la muerte de cinco manifestantes y de las heridas sufridas por otras 117 personas.

Está previsto que medio millar de personas testifiquen en el proceso, donde se intentan determinar las responsabilidades operativas y policiales en la represión de manifestantes el 20 de diciembre del 2001, durante el estado de sitio decretado por De la Rúa (1999-2001).

Los violentos hechos bajo juicio se registraron en el área de Buenos Aires comprendida entre la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo argentino, y el edificio del Parlamento.

Los principales imputados en este proceso son el exsecretario de Seguridad argentino Enrique Mathov y el exjefe de la Policía Federal Rubén Santos.

Del juicio está excluido De la Rúa por una decisión de la Cámara Federal de Casación, que consideró que el entonces mandatario actuó legítima y constitucionalmente al declarar el 19 de diciembre de 2001 el estado de sitio ante las protestas contra su Gobierno.

La acusación ha apelado al Supremo para que revise el fallo de la Cámara de Casación que favoreció al exgobernante, a quien los familiares de las víctimas reclaman ver sentado en el banquillo de los acusados.

"Él fue el que dio la orden del estado de sitio y de que saquen a toda la gente de la plaza", aseguró hoy Juan Manuel Cárdenas, hijo de Jorge Cárdenas, fallecido la madrugada del 20 de diciembre en las escalinatas del Congreso presuntamente por disparos de la policía.

La muerte de Cárdenas no es objeto de este proceso porque nunca se encontró el proyectil de bala.

Cárdenas se manifestó hoy a las puertas del tribunal junto a otros familiares de víctimas de la represión de 2001 para reclamar justicia.

A ellos se sumaron movimientos políticos y sociales para reclamar que se someta también a juicio a De la Rúa en una concentración en la que se proyectó un vídeo con testimonios de periodistas que trabajaron en la cobertura de aquellos hechos.

"Lo que intentaron es que ésto nunca llegara a juicio y previamente sobreseyeron a de la Rúa, el presidente argentino que dio la orden para que exista esta represión", dijo a Efe Vilma Ripoll, del Movimiento Socialista de los Trabajadores.

Ripoll sostuvo que "el juicio viene 12 años atrasado" aunque es un "triunfo" porque sienta un precedente para que "a los policías actuales y a los funcionarios actuales no se les ocurra repetir la historia".

Durante el estallido de diciembre de 2001, 39 personas murieron en Buenos Aires y en otras zonas del país, cuando cientos de miles de argentinos se manifestaron contra la política económica del Gobierno de De la Rúa, que a principios de ese diciembre había creado el "corralito" bancario.

La crisis económica provocó también saqueos a supermercados y, frente a las distintas movilizaciones populares, el expresidente decretó el día 19 de diciembre el estado de sitio.

La decisión no frenó las protestas que se sucedían al grito del "que se vayan todos" y, el 20 de diciembre, la policía reprimió ferozmente a los manifestantes que quedaban en la Plaza de Mayo y zonas aledañas.

Por la noche, De la Rúa renunció, abandonó en helicóptero la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, aunque su renuncia no acabó con la crisis política y llevó a una situación de acefalia presidencial.

"Se creó un clima de desorden para forzar mi salida", dijo hoy De la Rúa en declaraciones a un medio local en las que reiteró que desde su Gobierno "no hubo ni orden ni plan" para reprimir a los manifestantes, por lo que "no hay responsabilidad personal ni un acto que deba lamentarse".

Tras la dimisión de De la Rúa, quien sostiene que fue víctima de un complot, cinco presidentes se sucedieron en pocos días hasta que el 2 de enero de 2002 el Parlamento designó jefe del Estado al senador peronista Eduardo Duhalde (2002-2003).

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