Nueva Delhi, 29 oct.- La condena a la horca de Motiur Rahman Nizami, presidente del principal partido islamista de Bangladesh, Jamaat-e-Islami (JI), supone el último golpe a la organización, que ha perdido su influencia política.
Nizami, de 71 años y que ocupó la cartera de Industria entre 2001 y 2006, fue condenado hoy a muerte por crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra que independizó a Bangladesh de Pakistán en 1971, entre ellos genocidio, asesinatos, tortura y violaciones.
El presidente del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra, el juez M. Enayetur Rahim, afirmó en la lectura del veredicto en un abarrotado tribunal de Dacca que Nizami llevó a cabo "ataques al estilo de la Gestapo" para asesinar a intelectuales, recogió el diario local The Daily Star.
El tribunal concluyó que Nizami lideró durante el conflicto la milicia paramilitar Al-Badr, acusada de llevar a cabo miles de asesinatos y violaciones, y que visitó en varias ocasiones un centro de torturas en Dacca.
"El tribunal observó que él (Nizami) es un académico del islam, pero malinterpretó el Corán", dijo el fiscal Mohammad Alí, de acuerdo con medios locales.
El político ya fue condenado a la horca en enero por tratar de entregar 10 camiones con armas a separatistas en el estado indio de Assam en 2004.
Nizami es el último condenado por los crímenes cometidos durante un sangriento conflicto en el que murieron tres millones de personas y en el que miles de mujeres fueron violadas.
La condena del político es también el último golpe contra JI, organización que se alineó con Pakistán durante el conflicto independentista.
Los juicios por crímenes de guerra son una promesa electoral de la primera ministra, Sheikh Hasina, de la Liga Awami, y casi todos los acusados y condenados pertenecen a JI.
La cúpula del partido islamista ha sido descabezada con las condenas a cadena perpetúa o muerte de ocho de sus líderes, entre ellos Ghulam Azam (1922), nonagenario líder espiritual y secretario general durante el conflicto, que fue sentenciado a 90 años de cárcel.
Antes de la condena a muerte de Nizami hoy, Alí Ahsan Mohamed Mujahid (1948), secretario general, y Muhamad Kamaruzamán (1952), secretario general adjunto, fueron condenados a la horca en 2013.
Además, un tribunal de Dacca declaró el año pasado ilegal a JI como partido político por considerar que se trata de una formación religiosa que no reconoce al pueblo como la fuente del poder y que espolea la división entre comunidades.
JI no pudo participar así en las elecciones generales de Bangladesh a comienzos de año, comicios en los que Hasina renovó su mandato.
El partido islamista nunca obtuvo buenos resultados en las urnas -en las elecciones de 2009 logró un 4 % de los votos- pero ha ocupado ministerios en el pasado en alianza con el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), principal formación opositora.
JI cuenta, sin embargo, con una gran capacidad para movilizar a sus bases y tomar las calles.
Con una población de 150 millones de habitantes con un 90% de musulmanes, Bangladesh ha mantenido una tradición de tolerancia religiosa en su corta historia.
Pero los juicios han polarizado a la población. El año pasado miles de personas tomaron durante semanas de forma pacífica la zona de Shahbag, en el centro de Dacca, para reclamar la pena de muerte a un islamista condenado a cadena perpetua.
Los radicales religiosos, por su parte, han organizado huelgas y protestas que han causado cientos de muertos.
Tras las decisiones de los tribunales, el poder de JI queda muy reducido.
"Su influencia política ahora mismo es mínima", dijo a Efe el analista político Haroon Habib.
"Su liderazgo está diezmado y les costará recuperarse", afirmó Habib, quien añadió que "están pagando las consecuencias de sus actos en el pasado".
La situación podría empeorar para el partido político, ya que la comisión que investiga los crímenes de guerra estudia la posibilidad de acusar a JI, a la que considera una "organización criminal", por su papel en 1971, según los medios bangladesíes.
Hasta ahora solo ha acusado y juzgado a individuos de la organización.
Grupos islamistas y miembros del BNP han acusado a Hasina de crear el tribunal con fines políticos para eliminar a sus rivales políticos.
Pero el analista Habib cree que los juicios son necesarios.
"La formación del tribunal fue una decisión política pero legal. Los juicios son una obligación nacional, es verdad que es reabrir una herida, pero es necesario para cerrar ese capítulo de nuestra historia", afirmó.
Un cierre de una herida que está creando fuertes tensiones. Al menos 150 personas han muerto desde comienzos de 2013 en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los islamistas a raíz de las sentencias.
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