El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras ha reaccionado de manera rápida a la inhabilitación acordada el pasado viernes por la Junta Electoral Central (JEC) y ha presentado un recurso este mismo lunes ante el Tribunal Supremo en el que pide que se acuerden una serie de medidas cautelarísimas, entre las que se encuentran que no se ejecute la decisión del organismo regulador, en sintonía con lo mantenido por la Justicia Europea.
En el escrito, remitido a la Sala de lo Contencioso y al que ha tenido acceso este diario, la defensa del líder de ERC busca que el alto tribunal deje sin efecto la medida de la Junta Electoral y que comunique al Parlamento Europeo su decisión, en aras a allanar el camino para que el próximo 13 de enero pueda tomar posesión como diputado en la primera sesión de la eurocámara. El objetivo de la celeridad es evitar que, tal y como acordó el pasado viernes la JEC, se cubra la vacante de Junqueras proclamando como candidato electo a Jordi Solé i Ferrando, también eurodiputado de ERC.
Esto es así porque el organismo regulador determinó el pasado viernes que Junqueras no podía ser eurodiputado a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica Electoral (LOREG) que determina que son inelegibles los condenados a pena privativa de libertad "en el periodo que dure la pena", supuesto que aplica a Junqueras tras su condena en firme a 13 años de prisión por los delitos de sedición y malversación. Sin embargo, la defensa del exnúmero dos de Carles Puigdemont expone que, de todas las opciones que se podían adoptar, se ha optado por la "más restrictiva de los derechos fundamentales".
El criterio del TJUE
"Todo ello indica un proceder que, de forma voluntaria, consciente, veloz y eficaz, opta por adoptar y ejecutar en todo momento las decisiones que más perjudican al derecho fundamental al sufragio pasivo del Señor Junqueras, siendo este criterio contrario a la interpretación de nuestro TC y del TEDH", reza el recurso presentado ante la Sala III del alto tribunal. De hecho, expone su letrado que, de lo mantenido por el Parlamento Europeo, se desprende que ya se han vulnerado sus derechos, en referencia a que la Eurocámara sí le ha reconocido como eurodiputado e incluso le ha convocado de manera oficial a la sesión plenaria del próximo 13 de enero.
De este modo, el asunto relativo a la condición de diputado de Junqueras ya afecta a dos Salas del alto tribunal puesto que la Sala de lo Penal tiene pendiente pronunciarse acerca de su inmunidad. El inicio de toda esta polémica se produjo con motivo del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado mes de diciembre. El TJUE fue claro al determinar que el líder independentista debió ser reconocido como eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones al Parlamento europeo del pasado mayo y gozar "desde ese mismo momento" de inmunidad.
A raíz de ello, la Sala que preside el magistrado Manuel Marchena dio traslado a las partes que integran el procedimiento del 'procés' para que se pronunciaran sobre el asunto. Así, mientras la Fiscalía se opuso a su excarcelación y pidió al alto tribunal que comunicara a Europa su inhabilitación como diputado de ERC, la Abogacía General del Estado se pronunció en un sentido contrario al reconocer que Junqueras gozaba de inmunidad en el momento recurrió a Europa, esto es, en el mes de junio cuando todavía no había sido condenado en firme por su implicación en el procés.
La última palabra en este asunto la tuvo el pasado viernes la Junta Electoral Central la cual se pronunció en contra de las pretensiones de Junqueras. Ahora, su defensa abre un nuevo frente judicial en contra de esta decisión y denuncia que el hecho de que no se le permitiera ejercer como eurodiputado desde el pasado 2 de julio implica que sus derechos "están siendo actual, constante y permanentemente vulnerados", motivo por el cual pide que se adopten todas estas medidas con carácter de urgencia.
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