Los abogados de los principales acusados por la deriva soberanista de Cataluña quieren que cale un mensaje claro en esta primera sesión de juicio y es el de que a lo largo de todo este procedimiento se han vulnerado los derechos y garantías más básicos de todos ellos. Por eso, los cuatro primeros letrados que han intervenido no han centrado su discurso tanto en el contenido de los hechos (relacionados con la aprobación de las leyes de desconexión y la celebración de la consulta del 1-O prohibida por el Tribunal Constitucional) sino en las formas. Al respecto, el letrado de Oriol Junqueras, Andreu Van Den Eynde, ha arrancado su alocución apelando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y al trasfondo político del procedimiento: "La autodeterminación la podemos defender: es sinónimo de paz y no de guerra".
"¿Qué tiene que hacer el Estado con las manifestaciones y las protestas? Estrasburgo lo dice muy claro: protegerlas. Porque se nos está yendo de las manos", ha apuntado para añadir que estos derechos no los puede cercenar la acción penal. La estrategia de la defensa ha pasado también por disparar contra el Estado al asegurar que este procedimiento es resultado de su "acción más dura" y en exponer que se ha hecho "un uso abusivo" de la situación de prisión provisional en la que se encuentran nueve de los doce acusados. Es, sin duda, la baza de los prestigiosos letrados que buscan allanar las vías en su camino a Estrasburgo partiendo de la base de que la cuestión penal, que se dirime en el alto tribunal, se perfila complicada a tenor de los delitos que se les imputa.
La primera estampa que se ha vislumbrado desde el Salón de Plenos del alto tribunal mostraba a los doce líderes independentistas sentados finalmente en el banquillo y no en un lateral de la sala junto con sus letrados, como algunos habían solicitado. Los acusados que formaron parte del gobierno de Carles Puigdemont llevan su pin institucional en calidad de consellers mientras que el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, porta además un lazo amarillo en la solapa de su chaqueta. No es más que una muestra de la voluntad de reivindicar la legitimidad de sus cargos ante un tribunal que estudiará no solo las penas de cárcel que se piden para ellos sino también las accesorias de inhabilitación. Sobre este último punto ya hay antecedentes en la historia del independentismo catalán: Artur Mas ya fue inhabilitado hasta febrero de 2020 por organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014 junto con las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega.
"Son peores que nazis, terroristas o delincuentes golpistas"
Prueba de que el juicio se mueve en clave política es el contenido del mensaje transmitido por el abogado del principal acusado: "La causa no puede impedir que se delibere en el Parlamento de la independencia", ha dicho, arremetiendo de esta manera contra la tesis de las acusaciones (que ejercen Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox) acerca de que se cometió delito con la aprobación de las leyes de desconexión y la celebración del referéndum ilegal del 1-O. En lo que respecta a las famosas concentraciones que se produjeron en septiembre de 2017 a las puertas de la sede de determinadas consejerías en Barcelona y que, de hecho, provocaron el arranque de esta causa en la Audiencia Nacional, el abogado ha asegurado que no fueron más que "protestas" pese a que se les considera "peores que los terroristas, nazis o delincuentes golpistas". "La proporcionalidad es un elemento importantísimo", ha dicho.
En línea con el argumentario defendido durante la fugaz instrucción de la causa, Van den Eynde ha insistido en que lo se investiga es un hecho político y, por tanto, descarta que se pueda demostrar que se perpetraron los delitos de rebelión y sedición que se les atribuye a la mayoría de los acusados. Precisamente este punto va a ser la piedra angular de este procedimiento cuyo arranque ha estado envuelto de una inusitada expectación mediática de la que son conscientes abogados de ambas partes. "Se sienta en el banquillo el poder ejecutivo, el poder legislativo, presidentes críticos con el sistema que representa al pueblo de catalán", ha apuntado.
Ya en clave mucho menos política y más jurídica ha comparecido Xavier Melero, abogado del que fuera consejero del Interior Joaquim Forn. En su turno, el letrado ha arremetido contra los atestados policiales elaborados en torno al dispositivo de seguridad que se puso en marcha desde el cuerpo de los Mossos d'Esquadra con motivo del 1-0. Al respecto ha dicho que "no son nada" y ha descartado que Forn (que ostentó el cargo apenas tres meses) ordenara la "actitud omisiva" de los 17.000 agentes de la policía autonómica y fraguara un plan para declarar la violencia de Cataluña "por medios violentos". Al igual que el defensor de Junqueras, Melero ha pedido que se incorpore nueva documental a la causa relacionada con el papel que tuvo el ministro del Interior en el momento de los hechos, Juan Ignacio Zoido.
"Hagan de jueces, no de salvadores de la patria"
La defensa del exconsejero Josep Rull y del expresidente de ANC Jordi Sànchez, se ha dirigido al tribunal que integran los magistrados de la Sala de lo Penal para espetarles que "hagan de jueces y no de salvadores de la patria" y reprocharles también la desestimación de la petición de citar al Rey Felipe VI en calidad de testigo. Los magistrados respondieron a la pretensión asegurando que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe expresamente este aspecto si bien el letrado Jordi Pina ha calificado esta decisión de "error" y ha pedido que no se confunda prohibición con estar exento de algo.
A su juicio, es "razonable, lógico y normal" que si la Fiscalía utiliza como elemento incriminatorio el discurso que ofreció el Jefe de Estado el 3 de octubre de 2017, sus clientes planteen la citación del monarca para que se le pueda interrogar sobre lo que dijo ese día "y, sobre todo, sobre lo que no dijo". Tras la intervención de Ana Bernaola, letrada del exconsejero Jordi Turull, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha suspendido la sesión que se ha reanudado pasadas las 16.00 horas con la intervención de Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart.
Con todo, desde el alto tribunal se defiende el respeto "más absoluto" a la garantías de los acusados que permanecen en prisión provisional, los cuáles solo han establecido contacto directo con sus letrados. Tanto es así que no solo no han entrado al Salón de Plenos por la misma puerta que lo han hecho el resto de asistentes a la vista sino que en el parón para el almuerzo han sido trasladados al Salón de Plenillos; una zona habilitada exclusivamente para su descanso hasta la reanudación de la vista.
"Los votos de la Mesa tienen naturaleza parlamentaria"
La defensa de la que fuera presidenta del Parlament Carme Forcadell ha expuesto en su turno de palabra que no se puede enjuiciar a la líder de ERC por la aprobación en la cámara de las leyes de desconexión en tanto los votos de la Mesa "tienen que estar protegidos" precisamente por su naturaleza parlamentaria. La abogada Olga Arderiu ha sido la primera de los letrados en sacar a relucir la polémica de la lengua a emplear en los interrogatorios sentenciando que si este asunto se juzgara en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (como han venido pidiendo los acusados durante la instrucción) no habría problema con el idioma "porque todo el mundo entendería el catalán".
El abogado de Santi Vila -Pau Molins- ha sido el último letrado en pronunciarse sobre cuestiones previas. Ha prometido brevedad en su discurso y así ha sido ya que, de manera tajante ha recordado que Vila dimitió antes de que saliera adelante la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) "como muestra contundente de su disconformidad" con el proceso independentista del gobierno de Carles Puigdemont. De esta forma, el tribunal ha puesto punto y final a la primera sesión de juicio que se reanuda este martes con el turno de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y de Vox; todos ellos en calidad de acusaciones.
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