Junta Andalucía niega una causa general contra UGT por devolución de ayudas

Málaga, 31 oct.- El consejero andaluz de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha negado hoy que exista una causa general contra UGT en relación a las resoluciones de reintegro de ayudas por importe de 15,3 millones de euros, y ha dicho que el sindicato "tiene derecho a recurrir".

Sánchez Maldonado, que ha pronunciado hoy una conferencia en el Fórum Nueva Economía, ha manifestado que el caso de las irregularidades detectadas en los expedientes de las subvenciones recibidas por el sindicato a raíz de la investigación abierta por el caso de las presuntas facturas falsas es "un tema muy particular".

El titular de Economía ha respondido así a las críticas del sindicato, que acusó a la Junta de Andalucía en un comunicado de emprender "injustificadamente" una causa general "indiscriminada" contra todas las actividades formativas de UGT para "limpiar su imagen".

Ha explicado que cuando llegó a la consejería ya existía un acto administrativo abierto que supuso la apertura de una investigación de varios expedientes, y que se ha aplicado la Ley de Procedimiento Administrativo, que plantea un plazo de doce meses para requerir información.

Según Sánchez Maldonado, los instructores del procedimiento han determinado el reintegro de parte de las ayudas investigadas y el sindicato tiene derecho a recurrir la decisión de la Junta, "lo mismo que otras empresas" a las que se les pide la devolución de subvenciones "porque creen que lo han hecho bien".

Tras desligar este caso de la corrupción, ha insistido en que se trata de "una cuestión estrictamente administrativa que ha terminado en este reintegro".

Por otro lado, preguntado sobre la repercusión que tiene la instrucción judicial de la causa de las irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en la gestión diaria de su departamento, el consejero de Economía ha admitido que "cuando uno tiene fiebre no está tan bien como cuando no tiene".

En este sentido, ha comentado que cuando se judicializan temas como el caso de los ERE se genera "tensión en la administración, en los funcionarios y en los administrados", porque es necesario atender los requerimientos de la Justicia y poner a su disposición una ingente cantidad de información.

"Cuando termine, con toda seguridad los funcionarios estarán más relajados que mientras este proceso dure", ha referido.