Valladolid, 28 feb.- La pluralidad de reglamentos taurinos existente en las autonomías, propiciada por la ley sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos (1991), "ha creado un régimen de impunidad para los fraudes", por lo que es necesario la redefinición de la fiesta en el marco constitucional.
Así lo ha sostenido hoy en Valladolid el jurista y catedrático de Derecho Español Tomás Ramón Fernández, para quien los toros "no es sólo un espectáculo, sino también un auténtico acontecimiento nacional" con connotaciones de índole patrimonial, cultural y económico que exigen un grado de tutela por parte del Estado.
Ha sido durante la celebración de la XVIII Jornada Taurina de Castilla y León, que ha abierto la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, y ha tenido su acto central en el análisis de la fiesta dentro del ordenamiento jurídico español que Fernández ha realizado desde comienzos del siglo XVIII hasta la actualidad.
La ley de 1991, que impulsó el entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, "tuvo cosas buenas como la supresión de la autorización gubernativa" para celebrar corridas de toros en plazas permanentes, pero luego "lo echó todo a perder" con una disposición adicional en la que esa norma solo era obligatoria si las comunidades autónomas decidían no ejercerla.
Surgieron así las reglamentaciones en Navarra, Aragón y País Vasco, las primeras autonomías, en tutelar la fiesta brava dentro de sus territorios, y más tarde en Andalucía y Castilla y León, que no hicieron sino "resucitar las autorizaciones previas" y la proliferación de normas que dificultan la exigencia de responsabilidades ante posibles fraudes, según el jurista.
Una corrida embarcada en Andalucía para su lidia en el País Vasco por matadores de Castilla y León configuran un itinerario con disposiciones diferentes y a veces divergentes que condicionan la persecución de presuntas ilegalidades, ha puesto como ejemplo.
Los toros, ha insistido Fernández al reclamar una mayor presencia del Estado en la fiesta brava, "son una parte importante del patrimonio español, con una tradición de siglos que es donde hay que partir", y dotada de un arraigo y raíz populares que, en su opinión, "es la que puede salvarlos o condenarlos".
Solo con ese arraigo popular, ha añadido, se explica que haya subsistido a pesar de las continuadas censuras pontificias y regias desde el siglo XVI, y especialmente desde que Carlos IV prohibió los juegos y corridas con astados en febrero de 1805.
Desde entonces y hasta la 'Ley Corcuera' de 1991 han transcurrido casi dos siglos en que la fiesta ha permanecido al albur de autoridades que nunca fueron partidarias de ella, pero que "nunca se atrevieron a prohibir por su arraigo popular", ha precisado.
Todo este "defectuoso encaje jurídico" desarrollado por Fernández explica a su juicio el problema, la encrucijada en que se halla el arte de la tauromaquia actualmente, zarandeada por disposiciones autonómica como la de Cataluña (que tuvo su origen en la ley de protección de animales en esa comunidad autónoma, aprobada en 1988 y modificada en 2003), y que ahora trata de contrarrestar una iniciativa legislativa popular avalada por casi 600.000 firmas.
La Constitución de 1978 "no hace ninguna alusión específica a la fiesta, ni siquiera para precisar las competencias, ni tampoco los estatutos de autonomía de la primera hornada", ha lamentado el ponente sobre el exclusivo trato de la tauromaquia como espectáculo sin más valores añadidos.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios