Manuel Marchena lleva cerca de cinco años presidiendo la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En este tiempo han pasado por sus manos asuntos tan trascendentales como la redacción de sentencias sobre la lista Falciani o acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, dando luz verde así a la posibilidad de que empresas y entidades rindan cuentas ante la Justicia. Sin embargo, su papel al frente del tribunal que ha juzgado los hechos sobre la deriva soberanista en Cataluña le ha hecho cobrar un especial protagonismo y convertirse en una figura más mediática pese a no ser muy partidario de ello.
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria hace ahora 60 años, Marchena es considerado por muchos magistrados y catedráticos como uno de los juristas referentes del país. Sin embargo, en lo que respecta a su faceta más íntima, los halagos hacia su persona por parte de sus más allegados son constantes. Sus amigos le definen como un ser discreto y humilde pese a tratarse de uno de los mayores conocedores de la Jurisdicción de nuestro país.
"Es un jurista como la copa de un pino", explica una de las personas consultadas por este diario. Según precisan, Marchena, madridista de pro y amante de la música clásica y el rock, es alguien de quien aprende continuamente. Destacan de él que no se rinde fácilmente y que trabaja sus resoluciones de manera especialmente exhaustiva y con todo el rigor y fundamento posible. Unas cualidades que son especialmente necesarias en la redacción de la sentencia del procés a la que ha dedicado, junto con los otros seis magistrados que integran el tribunal, gran parte de los últimos cuatro meses de su vida.
Ponencias pioneras
Aunque forma parte de la Sala Segunda desde 2007, no fue hasta siete años después cuando fue nombrado presidente de la misma. Como consecuencia de ello también preside la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo que es la que se encarga de admitir o no a trámite los asuntos que llegan al alto tribunal. De este modo, tanto él como el resto de magistrado de lo Penal integrantes del tribunal en septiembre de 2018, rechazaron por unanimidad investigar al actual presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en relación a la presunta comisión de un delito de cohecho por irregularidades en la obtención de su máster.
Igualmente, tres años antes acordaron el archivo de la investigación abierta en un juzgado sobre violencia de la mujer en Las Palmas al exministro Juan Fernando López Aguilar. En el auto, del que fue ponente Marchena, los magistrados detallaron que la exposición razonada no contenía suficiente material incriminatorio para investigar al entonces europarlamentario. Con todo, también ha sido ponente de sentencias especialmente relevantes en el alto tribunal, como es el caso de la relativa al asedio al Parlament de Cataluña en el año 2011. Los magistrados anularon en marzo de 2015 la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvía a 19 de los 20 acusados y condenó a ocho de ellos a 3 años de prisión.
Es de destacar los razonamientos de la resolución que expuso que los derechos de libertad de expresión y de reunión "colisionaban" con el derecho de participación de los ciudadanos. Aunque contó con el voto particular del juez Perfecto Andrés, supuso un importante varapalo al fallo de la Audiencia Nacional y un toque de atención a los responsables de este tumulto que tuvo lugar a las puertas de la cámara catalana cuando cerca de mil personas bloquearon las entradas al edificio el mismo día en que se iba a celebrar la votación de los presupuestos regionales. El entonces presidente catalán, Artur Mas, tuvo que acceder al interior del Parlament en helicóptero.
Igualmente estuvo al frente de la redacción de la sentencia por la que se condenó a Francesc Homs, exconsejero de Presidencia en el Gobierno de Mas, a un año y mes de inhabilitación por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Cabe destacar que en sus razonamientos, los magistrados de la Sala II explicaron que Homs desatendió los requerimientos del Tribunal Constitucional pese a saber perfectamente que este primer intento de referéndum ilegal en Cataluña (el segundo es el celebrado el 1 de octubre de 2017) estaba prohibido por el tribunal de garantías.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Entre los haberes de este fiscal de carrera destaca el alto grado de conocimiento acerca de la responsabilidad penal sobre personas jurídicas. La primera sentencia del Supremo que falló a favor de que entidades, empresas y otros organismos rindieran cuentas en primera persona por presuntos delitos achacables a la gestión interna del ente, fue la 29 de febrero de 2016. La misma fue aprobada por el Pleno de la Sala que preside Marchena y su ponencia corrió a cargo del que fuera fiscal general del Estado, el fallecido Manuel Maza.
Se trató de un pronunciamiento pionero puesto que por primera vez la Justicia ponía abría la puerta a que se pudiera investigar por la vía penal a todas aquellas empresas que hubieran incumplido su obligación de establecer medidas de control para evitar precisamente la comisión del delito. El propio Marchena fue ponente de una sentencia de carácter similar en marzo de ese año y, de hecho, se ha pronunciado en numerosas ocasiones acerca de que no se puede desligar los delitos cometidos por una persona física de una jurídica y así lo ha recogido también en el libro 'La responsabilidad penal de las personas jurídicas'. El mismo se editó en homenaje a Manuel Maza y recogía resúmenes del actual fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el abogado Carlos Gómez-Jara.
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