Juristas defienden la responsabilidad del Estado en el caso Fórum Afinsa

Madrid.- Un grupo de juristas defendió hoy la declaración de responsabilidad de las instancias del Estado hacia los perjudicados por la presunta estafa de Fórum Afinsa, por la que resultaron afectadas 460.000 inversores.

Esta es la principal conclusión de la jornada celebrada hoy por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), en la que ha participado la Asociación de Perjudicados por Fórum-Afinsa de Madrid, con el título "Responsabilidad del Estado en el caso Fórum Afinsa".

En declaraciones a Efe, el abogado Julio Aranda, del bufete Marín, indicó que después de analizar el estado actual y futuro del caso los expertos apoyan esta declaración de responsabilidad por la forma en que se consintió que Fórum y Afinsa crecieran como empresas llevando a cabo "conductas delictivas a pesar de que estaban siendo inspeccionadas desde 1998".

En los informes de la Fiscalía, prosigue Aranda, hay referencias constantes a los estados contables y los valores numéricos de las dos sociedades que el Ministerio Fiscal obtuvo a instancias de la Agencia Tributaria.

Así mismo, los juristas criticaron hoy el modo en el que se produjo la intervención, para la que había precedentes -el caso de Banesto o el del Atlético de Madrid-, en el que se realizaron intervenciones penales pero no se provocó el colapso y el consiguiente cierre económico, sino que se nombraron administradores y las entidades pudieron funcionar.

De hecho, recuerda Aranda, el concurso de acreedores de Fórum Afinsa se provoca unas semanas después de que se realizara la intervención, el cierre y el precinto.

Entre las conclusiones alcanzadas hoy destaca la constatación de que, desde el primer momento consta que los contratos fueron considerados financieros -se entrega un dinero con el fin de obtener una remuneración pactada-.

Sin embargo, recuerda Julio Aranda, cuando empezaron a comprobar que esta consideración financiera podría derivar en la responsabilidad del Estado "se cambiaron las reglas del juego" y esos contratos empezaron a calificarse como mercantiles.

Los juristas reunidos hoy consideran que existen "diversos grados de responsabilidad en esta historia", y defienden que procede plantear una negociación con los afectados, tal y como defiende el senador del Grupo Nacionalista Vasco Francisco Javier Maqueda.

No se trata, añade Julio Aranda, de que el Estado asuma el 100 % de los ahorros perdidos, sino de que se encuentren "fórmulas imaginativas" para que el daño pueda resarcirse.

La intervención de Fórum Filatélico y Afinsa se produjo el 9 de mayo de 2006 y afectó a unos 460.000 clientes que tenían invertidos en ambas empresas casi 6.200 millones de euros.