La carrera judicial ha vivido una de las semanas más duras que pueda recordar. Si la polémica comenzó el mismo lunes con las declaraciones bomba del fiscal Luis Navajas en las que arremetía duramente contra compañeros del Tribunal Supremo, el viernes no fue mejor debido a las críticas por el veto del Rey en un acto al que lleva asistiendo décadas. Magistrados y fiscales han cerrado filas en las últimas horas ante las injerencias políticas y han defendido, a golpe de comunicados y notas, la independencia de la institución y el respaldo casi unánime a la Casa Real.
Las palabras que pronunció fuera de micro el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, al término del acto de ayer podrían ser buena muestra del estupor generado en la judicatura. "Se han pasado tres montañas", le dijo al presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, en referencia a los reproches continuos al Ejecutivo por la ausencia del Rey en un acto al que ya había confirmado su asistencia. Aunque es un sector que prefiere pasar inadvertido, lo cierto es que ha copado muchos titulares en la semana que termina y, pese a sus continuas alusiones a la independencia de criterio y actuación, las fisuras no parecen cerrarse del todo.
Las palabras pronunciadas por Carlos Lesmes en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces así parecían presagiarlo: "No serán pocos los momentos en los que tendréis que afrontar situaciones de soledad, en los que tendréis la sensación de ser los únicos baluartes del Estado de Derecho, en circunstancias adversas que pondrán a prueba vuestro compromiso con la institución a la que pertenecéis", les dijo. En los últimos tiempos, el presidente del Supremo ha ido endureciendo el tono en sus discursos para pedir un mayor compromiso político. Tanto es así que en el acto de apertura del curso judicial, celebrado el pasado 7 de septiembre, Lesmes volvió a instar al impulso de unas negociaciones políticas atascadas para renovar el Tribunal Constitucional y el CGPJ, órgano este último que preside en funciones desde diciembre de 2018.
La llamada clave del Rey
Pero las críticas esta semana se entienden en injerencia política. La llamada telefónica del Rey al propio Lesmes este viernes para decirle que le hubiera gustado estar en el acto terminó por disipar cualquier duda en torno a los motivos de su ausencia, y ello al margen de que luego Casa Real descartara que la conversación tuviera "consideración institucional". El monarca tenía prevista su asistencia a la Escuela Judicial de Barcelona pero Casa Real comunicó 'in extremis' al CGPJ que no presidiría la entrega de despachos, como viene siendo habitual desde que sucedió a su padre en la Jefatura del Estado. Desde Zarzuela y el órgano de gobierno de los jueces no se dio más detalles al respecto mientras el Gobierno justificó este cambio de guión en una cuestión de seguridad.
Sin embargo, las principales asociaciones de jueces no hicieron la misma lectura. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) incluso llegó a denunciar que se estaba disfrazando "motivos abiertamente contrarios a la Constitución". Ello dio pie a mostrar una vez más el respaldo y lealtad "inquebrantable" al Jefe del Estado en la misma línea que hicieron Foro Judicial Independiente o la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Solo la progresista Juezas y Jueces para la Democracia adoptó una línea más plana aduciendo que no son tiempos de polémicas, tal y como expuso su portavoz Ascensión Martín en conversación con este diario. A ello hay que añadirle la reacción paralela que se ha vivido en las redes sociales. Muchos miembros de la carrera judicial mostraron su rechazo a lo ocurrido poniendo en sus perfiles la foto del monarca o reivindicando el papel de la Casa Real y su vínculo con el Poder Judicial.
El caldo de cultivo se tiene que entender en clave política. La celebración del acto de Barcelona se produce apenas una semana después de que el Tribunal Supremo haya revisado el recurso de Quim Torra y a la espera de conocer un inminente fallo que podría suponer su inhabilitación como político y por tanto el término de su mandato como presidente de Cataluña. Esta región también se ha convertido en el foco del debate tras conocerse que Justicia comenzará a tramitar los indultos del procés. La petición, que registró en enero el abogado Francesc de Jufresa en nombre de todos los condenados por el Tribunal Supremo, arrancará su tramitación esta semana, tal y como anunció el ministro Campo. Una noticia que desde algunos sectores de la judicatura entienden como consecuencia directa de la negociación con formaciones independentistas para cerrar el borrador de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno rechaza estas acusaciones.
Con todo, la polémica no termina aquí. El lunes a primera hora de la mañana el teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas dejaba atónitos a muchos miembros de la carrera fiscal al pronunciar en entrevista con Onda Cero unas duras palabras contra sus compañeros en el alto tribunal Consuelo Madrigal y Fidel Cadenas. Navajas, que está a unas semanas de jubilarse, les acusó de presionarle para fallar a favor de admitir a trámite las querellas de la Covid contra el Gobierno así como para que convocara la Junta de Fiscales de Sala en aras a tratar este asunto. Pese a la discreción que le ha caracterizado hasta el momento, Navajas arremetió contra ellos asegurando que "con esa tropa no podía ir a la guerra" y se despachó también contra la Fiscalía Anticorrupción achacándole filtraciones a prensa.
Las reacciones en la Fiscalía General del Estado no se hicieron esperar. Miembros de la carrera fiscal arremetieron contra el número dos de Dolores Delgado y aprovecharon para denunciar la "imparcialidad" de la fiscal General del Estado mientras que otros consideraron que el malestar de Navajas era enorme por las críticas a su informe contrario a admitir a trámite las querellas en el Supremo contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La apertura de diligencias por parte de la Inspección Fiscal a la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal por su artículo en prensa en el que cuestionaba la actuación del Ejecutivo en la crisis de la pandemia tampoco calmó las aguas. Más bien al contrario.
Desde la Asociación de Fiscales se advirtió que no permanecerán callados al constatar que "en cuarenta años nunca se ha dado una situación" de descrédito como la actual. La achacan, según exponen, al nombramiento de la exministra de Justicia como fiscal general y le acusan de mantener un silencio "cómplice" ante las críticas de su número dos, el fiscal Navajas. "Consideramos intolerable que la fiscal general del Estado no haya dado una respuesta contundente e inmediata ante esta actuación del teniente fiscal, que ampare a los fiscales afectados e impida que se pueda poner en tela de juicio a quienes desempeñan fielmente sus funciones", denunciaron.
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