Brasilia, 30 ago.- La Justicia brasileña aceptó las denuncias contra dos militares en la reserva acusados de secuestros de miembros de la llamada guerrilla de Araguaia, unos delitos perpetrados durante la dictadura militar, informaron hoy fuentes oficiales.
La jueza Nair Pimenta de Castro, del tribunal federal de la ciudad de Marabá, en la región amazónica de Pará, aceptó los cargos presentados contra el coronel reservista Sebastião Curió Rodrigues de Moura y el mayor Lício Augusto Maciel.
Según un comunicado del Ministerio Público, la magistrada "consideró presentes los requisitos para transformar a los militares en los primeros reos de la Justicia brasileña por delitos cometidos durante la dictadura".
La decisión supone la primera acción penal por un delito cometido durante la dictadura brasileña (1964-1985), ya que las tentativas de proceso anteriores habían sido rechazadas por prescripción del delito o porque los acusados podían acogerse a la ley de amnistía.
La guerrilla de Araguaia fue un movimiento armado organizado por el entonces prohibido Partido Comunista de Brasil y al menos 62 de los cerca de 80 miembros de ese grupo murieron o desaparecieron en la Amazonía en combates con fuerzas del régimen militar.
Según el Ministerio Público, Curió fue uno de los jefes militares que comandó las tropas que combatieron a esa guerrilla y está acusado del secuestro de Maria Célia Correa, Hélio Luiz Navarro Magalhães, Daniel Ribeiro Callado, Antonio de Pádua Costa y Telma Regina Cordeira Correa.
De acuerdo con esta versión, las víctimas fueron secuestradas entre enero y septiembre de 1974, llevadas a bases militares y sometidas "a grave sufrimiento físico y moral" antes de su desaparición.
Mientras, Lício Augusto Maciel está acusado de ser el responsable de la captura ilegal de Divino Ferreira de Souza durante una emboscada en 1973 y su posterior desaparición.
El Ministerio Público había presentado los cargos contra Curió en marzo pasado, pero fueron desestimados, por lo que decidió recurrir el fallo y además añadir la denuncia de Maciel.
La Ley de Amnistía de 1979 perdonó los crímenes cometidos por militares y guerrilleros durante la dictadura y en 2010 el Supremo Tribunal Federal (STF) la ratificó.
Sin embargo, la jueza ha considerado que el delito de secuestro se mantiene vigente porque las víctimas no han sido encontradas y por tanto sus supuestos responsables no pueden ampararse en la Ley de Amnistía.
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