En un fallo dividido, la Corte Suprema de Justicia confirmó las sentencias definitivas para los exmilitares, acusados del secuestro y asesinato del químico y agente de la temida policía secreta de la dictadura de Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a la que se le atribuyen la mayoría de las más de 3.200 muertos y desaparecidos que dejó el régimen (1973-1990).
A Berríos se le sindica como el responsable de la fabricación en Chile del denominado gas sarín, soman y tabun, para ser usados en conflictos con países vecinos y contra opositores al régimen.
Tras la caída de Pinochet, huyó a Uruguay en octubre de 1991. Cuatro años después, su cadáver apareció baleado en la playa del balneario El Pinar de ese país.
Confabulados con la dictadura chilena para borrar los rastros de sus crímenes, militares uruguayos concretaron el crimen de Berríos, en lo que se cree es uno de los últimos vestigios de la llamada "Operación Cóndor", un plan creado en la década de los 70 y que unió a las dictaduras militares del Cono Sur para el exterminio conjunto de opositores.
"La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de secuestro, homicidio y asociación ilícita en la muerte del exquímico de la Dirección de Inteligencia Nacional Eugenio Berríos Sagredo, ocurridos a partir de octubre de 1991 en Chile y Uruguay", dijo un comunicado del Poder Judicial chileno.
Los tres exmilitares uruguayos fueron condenados a entre 15 y cinco años de prisión.
Tomás Casella recibió 10 años como autor de secuestro y cinco por conformar una asociación ilícita creada para perpetrar el crimen. Eduardo Radaelli fue condenado a 10 años como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita, mientras que Wellington Sarli recibió cinco años como cómplice de secuestro y 60 días por asociación ilícita.
En tanto, los exmilitares chilenos Arturo Silva y Hernán Ramírez fueron condenados a 20 años como autores del secuestro y la asociación ilícita, mientras que otros siete recibieron 10 años de condena como autores del secuestro.Dos exmilitares fueron sentenciados a cinco años como cómplices y cinco fueron absueltos.
En tanto, el exfiscal militar chileno Fernando Torres Silva fue condenado a 10 años como autor de asociación ilícita.
Los oficiales uruguayos llegaron a Chile en abril de 2006 luego de ser extraditados y deberán cumplir condena en el penal especial para uniformados de Punta Peuco, en las afueras de Santiago.
El uso de armas químicas por parte de la dictadura de Pinochet es una de las aristas más recientes de las investigación judiciales abiertas en Chile.
Se han encontrado restos de sarín en el cuerpo del expresidente Eduardo Frei Montalva, muerto en el hospital de Santiago por una sorpresiva septicemia tras una operación rutinaria, en 1982, cuando empezaba a liderar una incipiente oposición.
Se investiga, además, si la muerte del poeta comunista y premio Nobel, Pablo Neruda, pocos días después del golpe y cuando se aprestaba a partir al exilio, pudo ser causada también por envenenamiento.
Neruda murió luego de ser sometido a un tratamiento contra el cáncer de próstata que sufría en el mismo hospital de Santiago.
"No solamente hubo una selección y asesinatos masivos, sino que también había uso de armas químicas y del terror en diferentes áreas. Es bien impresionante y todavía no nos dejamos de sorprender", dijo a la AFP la periodista e investigadora Mónica Gonzalez, en septiembre de 2013.
"En el uso de gas sarín y toxina botulínica no tenemos toda la cantidad de muertos" de la dictadura", agregó González.
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