"El pleno de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad decidió dar trámite a la solicitud de antejuicio y trasladar el expediente al Congreso de la República para que se resuelva conforme a lo que se estime conveniente", dijo el vocero del organismo, Ángel Pineda.
El mandatario fue señalado el pasado viernes como cabecilla, junto a su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, de una red de defraudación aduanera denominada "La Línea", y ese mismo día la Fiscalía pidió el antejuicio con el objetivo de despojarlo de inmunidad y procesarlo.
Las denuncias desataron protestas masivas en demanda de su renuncia, mientras una decena de altos funcionarios, incluyendo seis ministros, dimitieron de sus cargos en el gobierno de Pérez.
Baldetti, quien fuera su mano derecha, también enfrenta la tormenta de las denuncias luego de que un tribunal abrió este martes un proceso penal en su contra por su posible participación en el esquema de fraude fiscal.
El expediente contra Pérez fue recibido en el Congreso, que deberá formar una comisión pesquisidora para que evalúe las pruebas y recomiende al pleno si es viable levantar la inmunidad del mandatario.
Para hacerlo se necesitaría el apoyo de 105 de los 158 diputados del Congreso.
El pasado 13 de agosto, el Congreso le dio un respiro al presidente cuando votó en contra de quitarle la inmunidad por otro antejuicio presentado por un diputado opositor por el mismo caso de defraudación aduanera.
La crisis política comenzó en abril pasado, cuando se reveló la existencia de una organización que cobraba sobornos a empresarios para facilitarles la evasión de impuestos aduaneros.
Pese a reclamos populares pidiendo su salida de la presidencia, Pérez descartó dimitir en un mensaje dirigido al país la noche del domingo.
La crisis, sin precedentes en la historia reciente de Guatemala, se intensificó a menos de dos semanas de las elecciones generales del 6 de septiembre.
Entre tanto, la situación de la ex vicepresidenta Baldetti se agravó este martes cuando el juez Miguel Ángel Gálvez decidió procesarla por su posible vinculación en la trama.
Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, explicó que los posibles delitos en que incurrió Baldetti son asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera.
El juez convocó a las partes para el miércoles para definir si la envía a prisión preventiva o le otorga una medida sustitutiva.
Gálvez aceptó la pruebas presentadas por la Fiscalía, como escuchas telefónicas, documentos internos de la red delictiva y copia de varios cheques que recibió como supuestos pagos de sobornos.
La Fiscalía tiene tres meses para argumentar la acusación y presentar las pruebas ante otro juzgado, el cual determinará si Baldetti enfrentará un juicio oral y público por los delitos que le imputan.
Mario Cano, abogado de Baldetti, criticó la decisión del juez al considerar que la parte acusadora no presentó pruebas contra su defendida.
"Esto es una aberración jurídica. Tenemos que fallar objetivamente y el señor juez realmente tiene que ser lo más objetivo posible", comentó a la AFP.
Después de la revelación, el mandatario comenzó a perder integrantes de su equipo de gobierno: seis de sus 14 ministros (los de Economía, Educación, Agricultura, Salud, Finanzas y Comunicaciones) renunciaron.
En paralelo dimitieron siete viceministros (tres de Economía, dos de Finanzas y dos de Comunicaciones), así como la titular de la Secretaría de Planificación de la Presidencia, Ekaterina Parrilla.
Pérez juramentó en privado este martes a los nuevos ministros de Educación, Eligio Sic, y de Salud, Werner Ramírez, así como al nuevo comisionado de Competitividad, Acisclo Valladares.
El barco de Pérez, un general retirado, también fue abandonado por los secretarios de Inteligencia Estratégica, Julio Godoy, y del Consejo Técnico de Seguridad, Ricardo Bustamante.
En medio de la convulsión, una decena de organizaciones campesinas e indígenas cerraron este martes unos 15 tramos carreteros del país para exigir la dimisión del jefe de Estado, según el departamento de Tránsito y de Asistencia al Turista.
El dirigente campesino Daniel Pascual anunció que estas medidas continuarán el miércoles.
En tanto, la estatal Universidad de San Carlos convocó a una caminata "cívica y pacífica" para el próximo jueves, que partirá del campus central de la institución hacia la Plaza Central, en el centro histórico de la capital.
Por su parte, la poderosa cúpula empresarial pidió la "renuncia inmediata" del gobernante el pasado viernes, aunque no ha dicho si apoyará un paro nacional para presionar por su salida.
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