El Ministerio de Justicia ha movido ficha en plena crisis sanitaria por el coronavirus. Juan Carlos Campo ha anunciado en rueda de prensa que pone a disposición de Sanidad dos importantes partidas de su competencia: por un lado 765 médicos forenses que operan en todo el país y, por otro, un total de 180 técnicos facultativos que pueden ayudar a realizar las pruebas PCR para detectar los casos ocultos de contagios por esta enfermedad. Campo recuerda que estas medidas se adoptan en el marco del plan de coordinación de crisis existente entre el Ministerio, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de Poder Judicial. (CGPJ).
Así lo ha expresado el ministro del ramo en su primera comparecencia en rueda de prensa desde que el presidente del Gobierno decretara el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Campo ha recordado que mientras dure esta situación solo se van a prestar los servicios esenciales, como ya anunciara el CGPJ el mismo sábado por la noche. De este modo, solo se podrá acudir de manera presencial al juzgado cuando se trate de casos que, de no abordarse, pudiera ocasionar un daño "irreparable", además de los ligados a los internamientos no voluntarios o medidas cautelares, como de protección a los menores o de violencia sobre la mujer, entre otros casos.
En lo que respecta a las nuevos parámetros adoptados, Justicia explica que los cerca de 800 forenses que pone a disposición de Sanidad se encargan de desempeñar funciones de diagnóstico, atención primaria o, monitorización. De los 180 facultativos que también ofrece el departamento que dirige Campo, 84 son técnicos especialistas de laboratorio y 83 ayudantes de laboratorio adscritos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Todas ellas son medidas que se han acordado tras la creación de la Comisión de Coordinación de Crisis para la lucha contra el coronavirus que integran Justicia y las doce comunidades autonómicas que tienen que tienen transferida esta materia (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja).
Aplausos para los funcionarios de Justicia
Ya en ronda de preguntas, el ministro ha intentado suavizar las tensiones surgidas en la última semana como consecuencia de la falta de material de protección en los juzgados de España. Campo ha sido rotundo al asegurar que "no se va a cerrar ningún juzgado" y que se van a garantizar todas las medidas de seguridad para los funcionarios y demás miembros del Poder Judicial que siguen yendo a trabajar. Un anuncio que se produce después de que varias asociaciones de magistrados y jueces amagaran esta semana con no acudir a los juzgados si no se les garantizaba una mínima protección.
"Es lógico que tengamos una sensación de peligro y es lógico que hagan este tipo de reclamaciones. Se está abordando, hemos hecho una previsión. No olvidemos que esta orden nace de Sanidad y ese es el frontispicio al que hay que mirar", ha respondido al respecto el ministro del Justicia, el cual no ha eludido admitir que ha habido "debate" con el órgano de jueces que preside Carlos Lesmes en aras a delimitar los servicios mínimos que prestará la administración de Justicia mientras dure el estado de alarma. "Podemos aseverar que hay una respuesta uniforme sobre los servicios esenciales", ha sentenciado.
Enredos con los regímenes de custodia
Igualmente ha insistido en valorar la labor de todo el personal que sigue en activo en la Administración de Justicia y por ello ha pedido que los aplausos que se brindan desde los balcones cada tarde a sanitarios y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vayan también al personal de Justicia. "Porque todos los días se dejan, como tantos servidores públicos, sus miedos y se dedican a atender al ciudadano y por eso espero que puedan prestar sus servicios en las mejores condiciones", ha dicho.
En lo que respecta a los regímenes de custodia para padres separados, Campo ha insistido en que deben seguir cumpliéndose mientras siga en vigencia el estado de alarma decretado para hacer frente a la pandemia del Covid-19. Al respecto, esta misma mañana la Comisión Permanente del CGJP ha acordado tras la reunión extraordinaria de sus vocales que será cada juez el que tenga que decidir si se suspende o altera el régimen de custodia, visitas y estancias acordado para hijos con padres separados cuando lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma, afecte directa o indirectamente a las medidas que ambos progenitores tenían acordadas.
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