La causa abierta contra Podemos acaba de sumar un nuevo frente que se dio por zanjado hace poco más de cuatro meses. La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de investigar más a fondo si la formación ha cometido malversación de caudales públicos con la gestión de su Caja de Solidaridad, ha puesto el foco en las donaciones de los empleados y el destino final de estas cuantías. Este giro de 180 grados en el procedimiento ha hecho que adquieran especial protagonismo los pagos que los miembros de la formación fueron efectuando y que, de acuerdo con la normativa del partido, iban destinados a proyectos relacionados con el partido.
Este punto no se había abordado en el procedimiento penal que se sigue en los juzgados de Plaza de Castilla hasta que este martes, la Audiencia de Madrid corrigió al juez instructor y le obligó a incluir como perjudicada por estos hechos a Celia Cánovas. La exsenadora denunció ante este órgano superior que esas donaciones efectuadas al partido (y que alcanzaron los 24.000 euros en dos años) no fueron voluntarias y tampoco se destinaron a lo que en realidad se recoge en el código ético de la formación. Los magistrados responden que en la carta de cargos públicos del partido los candidatos deben aceptar esta condición por lo cual no hay debate acerca de si se le obligó o no a hacer estos pagos puesto que ya estaba advertida.
Cuestión diferente es si se hizo una gestión correcta de ese dinero que fue a parar a la Caja de Solidaridad o bien se habría producido una malversación de caudales públicos. En ese punto destaca lo concluido por la Audiencia Provincial porque dista, y mucho, del auto del instructor Juan José Escalonilla por el cual archivó provisionalmente esta parte de la investigación. La terna de magistrados concluye ahora que es razonable pensar que pudo haberse producido el delito que denuncia la exafiliada de Podemos y las acusaciones populares, lo que implicaría un "beneficio de algunos y con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos".
¿Desvío de capitales?
Se refieren los jueces a la contratación por parte por parte del partido de la Asociación 404 Comunicación Popular, ligada a Rafael Mayoral Pérez y a la eurodiputada Idoia Villanueva Ruiz. En la denuncia inicial que dio lugar a estas diligencias, el abogado despedido del partido, José Manuel Calvente, alertó que se contrató a esta sociedad porque detrás de la misma estaban cargos de la formación y que los pagos -que ascendieron a 30.000 euros- no respondían a los fines propios de la Caja de Solidaridad sino que fueron destinados a estos miembros de la formación morada. En su recurso, Cánovas apuntó en esta línea y expuso que se trataba de un supuesto desvío de capitales puesto que parte de su salario se estaba destinando a unos presuntos pagos "no establecidos ni regulados en los fines de constitución de dicho fondo".
El magistrado Escalonilla respondió que el partido no había aportado la documentación requerida pero que, de las pesquisas practicadas por la Policía Judicial, se habían acreditado tres transferencias a #404 Comunicación Popular por unos trabajos que nada hacía indicar que no se habían realizado. De hecho, destacó en su auto que no resultaba ni "anómalo ni extraño" que detrás de la firma (dedicada a comunicar iniciativas del movimiento popular) estuviesen miembros del partido, algunos con cargo. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid estima los recursos interpuestos por Vox y por la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege y concluye que es "razonable pensar que concurre una vinculación subjetiva" entre la sociedad y el partido y que este vínculo se podría haber utilizado para operar al margen del control del Tribunal de Cuentas y de las limitaciones recogidas en La Ley de Financiación de Partidos Políticos.
Neurona, en el foco
Se trata de un revés para el partido ya que no es la única vez que los investigadores cuestionan si cumplió o no con la normativa por el uso que hizo de los fondos electorales. De hecho, la única gran línea de investigación que se ha mantenido hasta ahora en la causa han sido los contratos de Podemos con Neurona para las elecciones de abril de 2019. Aunque el magistrado archivó la parte de la Caja de Solidaridad, de la reforma de la sede o de los contratos con ABD Consulting, en lo relativo a Neurona quiere seguir investigando. Esta misma semana la formación ha presentando una serie de evidencias que probarían que los pagos por 360.000 a esta matriz de la firma mexicana corresponden a trabajos reales.
Entre ese material se encuentran billetes de avión, identidad de los empleados contratados para reforzar la campaña electoral así como evidencias gráficas del trabajo. Sin embargo el instructor ha dejado el asunto en manos de la Policía Judicial para que analice al detalle si los pagos eran encubiertos (puesto que algunos acabaron en sociedades cercanas al presidente mexicano) o bien correspondieron a trabajos realizados. De este modo, y mientras el partido insiste en apuntar a una campaña de desprestigio como razón de ser de esta investigación, el magistrado sigue acordando diligencias de calado. Entre ellas destacan la imputación del fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por supuestas irregularidades en el cobro de una factura de Neurona o el requerimiento al partido para que justifique los sobresueldos de algunos cargos como la gerente Esther del Val o el tesorero Daniel de Frutos, ambos imputados en el procedimiento.
