Justicia afronta protestas de abogados y procuradores tras declarar agosto hábil

El plan de Justicia aprobado por el Consejo de Ministros para evitar el colapso en la Administración ha provocado todo tipo de reacciones. La medida más polémica, relativa a habilitar agosto para que los asuntos se puedan seguir tramitando y no tengan que sufrir un nuevo parón, ha sido la que más rechazo ha generado entre algunos sectores jurídicos. En concreto, son muchos abogados y procuradores los que, en discrepancia absoluta con esta orden, se han movilizado y planean marchas en los próximos meses para mostrar su disconformidad con esta nueva norma.

Según ha podido saber este periódico, las quejas se centran no solo en la decisión de declarar hábiles los días del 11 al 31 de agosto, sino también en el hecho de que el departamento que dirige Juan Carlos Campo haya actuado sin atender los reclamos que plantearon en su momento el Consejo General de la Abogacía y otros sectores de la Administración. En sus conversaciones con el ministro antes de que se aprobara el Real Decreto de medidas urgentes, sugirieron redoblar esfuerzos y apostar justamente por lo contrario, es decir, por concentrar las vacaciones en agosto para agilizar el trabajo los meses de junio y septiembre. 

Las fuentes consultadas aseguran que existe un "verdadero malestar" entre estos sectores porque consideran que no es una medida productiva en tanto gran parte de la plantilla de los juzgados estará de vacaciones, con lo cual no podrán adelantar el trabajo, tal y como pretende el Ministerio de Justicia. Como ya apuntó el Consejo General de la Abogacía, la habilitación que incluye el Real Decreto tendrá en la práctica un "efecto contraproducente teniendo en cuenta que muchas actuaciones judiciales dependen de testigos, peritos y otros actores que muy probablemente no estarán disponibles esas semanas porque siempre han sido inhábiles en todos los juzgados", tal y como lo recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

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Fuentes del Ministerio de Justicia explican que la medida se ha consensuado con todos los actores y se toma con el fin de que no se suspendan los plazos procesales, si bien cada juzgado tiene potestad de ordenar la carga laboral como mejor considere. No obstante, son muchos los abogados y procuradores que, a título individual, se están uniendo en un frente de actuación contra los planes del Ejecutivo y planean llevar a cabo actos de protesta toda vez se eliminen las restricciones impuestas con motivo de la crisis sanitaria. Precisamente, otra de las cuestiones que más dudas plantea entre los trabajadores de la Administración de Justicia es la vuelta a los juzgados teniendo en cuenta que las actividades siguen suspendidas por el CGPJ, a excepción de los servicios esenciales.

El paquete de medidas urgentes aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros y que recoge un total de 28 artículos divididos en tres capítulos plantea la necesidad de dotar de las medidas de prevención necesarias a todos los juzgados para evitar el contagio de la pandemia entre los funcionarios. Por ello, se impulsa la vía telemática para declaraciones y vistas que así lo permitan y se dispensa también de la obligación de tener que llevar toga en los juicios que se celebren en estado de alarma y hasta tres meses después. 

Al respecto, y tras aprobarse el nuevo Real Decreto, la Fiscalía General del Estado ha dado a conocer unos criterios generales de actuación entre la carrera fiscal para que se adopten en todo el territorio. Destacan entre ellos la reincorporación progresiva de los fiscales a sus sedes, la asistencia por turnos al trabajo, la apuesta por el teletrabajo y por un reparto equitativo de la carga laboral en función de las actuales circunstancias. El órgano que dirige Dolores Delgado también recoge la suspensión de visitas de fiscales a residencias de ancianos, de personas con discapacidad y cárceles. Sin embargo, la carrera fiscal, que pidió al ministro que se realizara un estudio previo de plantilla de fiscales antes de reanudar su actividad, también está mostrando su disconformidad con las medidas adoptadas para evitar los contagios.

Las principales asociaciones de jueces y de fiscales han reivindicado durante los últimos años que gran parte de los problemas que afronta la Administración se encuentran en la escasa modernización de sus equipos y en la manifiesta falta de medios y de jueces. Tras el comienzo de la crisis y la paralización de la actividad judicial en España, muchos juristas apostaron porque se reforzara la actual plantilla y se habilitaran las tardes teniendo en cuenta que muchos de ellos ya las dedican a seguir trabajando en resoluciones, sentencias o en avanzar los procedimientos que dirigen. 

El Ministerio ha acordado al respecto distribuir la carga de los funcionarios en turnos de mañana y tarde pero muchos de los miembros de la carrera judicial siguen mostrando su rechazo al plan de Campo. La negativa viene auspiciada además por el temor a que, terminado el estado de alarma, se produzca una avalancha de denuncias en asuntos derivados de las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo. Justicia ha acordado para ello dar prioridad a temas de los órdenes Social y Contencioso relativos a despidos, ERE, ERTES y acciones contra la Administración de Justicia. Igualmente, ha ampliado la moratoria para solicitar concurso de acreedores hasta final de año con el fin de dar margen de tiempo a empresas que se están viendo especialmente afectadas por las medidas del Ejecutivo para frenar el impacto del coronavirus.