El Ministerio de Justicia planteó bajo la dirección de Dolores Delgado la puesta en marcha de un proyecto para que los certificados médicos de las defunciones se pudieran expedir de manera telemática. El plan, que parte de la Dirección General de la Seguridad Jurídica y Fe Pública, tenía previsto ver la luz a finales de este año, pero la crisis que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus ha hecho que quede relegado a un segundo plano en aras a priorizar la gestión de las licencias de enterramiento y el recuento de fallecidos en los registros civiles.
Según informan fuentes jurídicas a este diario, se trata de un proyecto piloto que se comenzó a estudiar en la etapa del anterior Gobierno y en el mismo participaba el Consejo General del Colegio de Médicos (CGCOM), el Ministerio de Justicia, el INE, y las empresas funerarias. El objetivo era que los sanitarios pudieran certificar por la vía telemática las defunciones de pacientes hospitalarios. Esta propuesta, que estaba previsto que viera la luz a finales de este año, buscaba que el certificado en cuestión llegara a registros civiles y empresas de defunción de manera conjunta, lo que evitaría a los familiares de los fallecidos eternizar el trámite.
El plan, que tuvo una variante que llegó a aplicarse en la Comunidad Valenciana, vio la luz desde la antigua Dirección General de los Registros y del Notario, dirigida entonces por Pedro Garrido Chamorro. Los motivos por los que no ha prosperado hasta el momento hay que buscarlos, por un lado, en que se trató de una legislatura especialmente corta (apenas duró desde mayo hasta septiembre) y por otro en el atasco en Justicia con la resolución de expedientes de nacionalidad. Con el cambio de Ejecutivo se produjo la salida de Dolores Delgado a la Fiscalía General del Estado y su sustitución por Juan Carlos Campo. El nuevo ministro se ha encontrado de lleno con la crisis del coronavirus apenas dos meses después de su aterrizaje en el Ministerio, por lo que todavía no ha retomado la puesta en marcha de este proyecto piloto que trabajó el anterior equipo.
Las prioridades de Campo
El nuevo ministro del Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que hacer frente a las duras críticas que denuncian que el Ejecutivo no está contabilizando correctamente el número de personas fallecidas en todo el territorio nacional por la Covid-19. Aunque el recuento oficial se lleva a cabo desde Sanidad, Justicia trabaja para acotar al máximo posible la cifra de fallecidos como consecuencia de esta enfermedad, teniendo en cuenta que en muchos casos la certeza es inviable debido a que no se han realizado los test necesarios en los pacientes que no superaron la pandemia.
Por eso, lo primero que hizo el departamento de Justicia fue impulsar la medida para que se eliminara el plazo de 24 horas para enterrar a los fallecidos. Igualmente se amplió el horario laboral en los registros civiles de todo el país para agilizar el trámite de enterramiento por parte de las empresas funerarias y se habilitaron los mecanismos necesarios para que los funcionarios que teletrabajan desde casa pudieran inscribir el número de muertos en la plataforma de la Administración de Justicia Inforeg, según fuentes del Ministerio consultadas por La Información.
No obstante las limitaciones de esta plataforma -que no llega a todo el territorio- y el imparable número de fallecidos registrado los últimos días de marzo llevó al departamento que dirige Campo a requerir a todos los registros los datos sobre el número de defunciones recogidas, las licencias de enterramiento y el lugar donde se había producido la muerte. El Ministerio ordenó a los registros que enviaran estos apuntes de manera diaria desde el 4 de abril a un correo que gestiona la Dirección General de la Seguridad Jurídica y Fe Pública. Sin embargo, la avalancha de comunicaciones provenientes de todos los registros y los juzgados de paz (en España hay 7.667) provocó el colapso del sistema y obligó a Justicia a rectificar.
Esta misma semana sustituyó el sistema vigente por un formulario 'online' mediante el cual los empleados públicos de los registros trasladan la información relativa a las defunciones antes de las 11.00 horas de cada día. Los datos a cumplimentar, de acuerdo con la circular que firma la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, son los relativos a las licencias de enterramientos, el número de fallecidos en el hospital, el número de fallecidos en domicilios y también la cifra registrada en las residencia de ancianos.
Este cambio en las notificaciones sigue sin agradar a los letrados de la Administración de Justicia -antiguos secretarios judiciales- y a las empresas funerarias. El principal escollo que afronta el Ministerio para agilizar el recuento de datos y evitar bailes de cifras como el ocurrido en las dos Castillas, es la falta de modernización de los registros. En muchos de ellos existen verdaderos problemas para poder notificar toda la información 'online'. Además, el hecho de que los consideren servicios esenciales de la Administración hace que los letrados tengan mayor carga laboral en cada uno de los 446 registros civiles que hay en España (entre los exclusivos y los que tienen competencias mixta).
Estas carencias se suman a los casos que se han dado primero en Castilla-La Mancha y luego Castilla y León en los que sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia han ordenado a los registros contabilizar todas las muertes por coronavirus, incluidas las sospechas por esta enfermedad. El motivo se debe a que se contabilizaron muchas más muertes en este territorio que las registradas de manera oficial por el Ministerio que dirige Salvador Illa. En el caso de Castilla-La Mancha hasta triplicaba la cifra oficial. De este modo en ambos territorios se pide que se ofrezca una información mucho más detallada no solo de la causa de defunción sino también los motivos iniciales en todos aquellos casos en los que aparezcan síntomas compatibles con la infección del coronavirus.
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