En apenas quince días la Audiencia Provincial de Madrid ha corregido hasta en dos ocasiones al juez que instruye el caso de la fortuna familiar de Rodrigo Rato; y ambas están relacionadas con el devenir del material del que se incautaron funcionarios de la Agencia Tributaria durante el registro en su domicilio previo a su detención, en abril de 2015.
En este caso concreto, los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia de Madrid dan la razón al exvicepresidente del Gobierno y estiman el recurso que presentó contra la decisión del juez Antonio Serrano-Arnal de denegarle toda la documentación que le fue sustraída y que no haya sido útil para el avance de las pesquisas. De hecho, en el auto al que ha tenido acceso La Información, los jueces le reprochan que sí respondió a esta cuestión pero dejó en el aire la resolución del resto de peticiones del expresidente de Bankia.
Esta decisión supone, a juicio de los magistrados que han estudiado el recurso, "un clamoroso supuesto de incongruencia por el silencio". Esto es así porque el instructor omitió pronunciarse sobre otras dos cuestiones igualmente importantes para Rato, como son que se le devolvieran todos aquellos documentos incautados que no estaban amparados en los autos de entrada y registro y que, igualmente, se facilitara a las partes todo el material que empleó Hacienda para elaborar sus valoraciones.
Cabe destacar que, de acuerdo con el informe aportado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) a esta causa, Rato habría defraudado 6,8 millones de euros a Hacienda entre los años 2004 y 2015. Él, por su parte, respondió que facturó correctamente todos los ingresos percibidos en sus sociedades y que las acusaciones de este órgano son falsas; de ahí que pidiera que no se le acusara por delito fiscal.
Ahora, tras la decisión acordada por la Audiencia Provincial de Madrid, el titular del juzgado de instrucción número 31 debe volver a resolver todas sus peticiones y motivar los fundamentos de su decisión. Así se lo reclama este órgano que considera que la nulidad de su anterior auto es "el único remedio razonable y proporcional a la gravedad del defecto de la resolución". Con todo, el magistrado podría negar de nuevo la pretensión de Rato y del también acusado Domingo Plazas de destruir todo aquel material que ya no fuera necesario para avanzar en este procedimiento.
Lo cierto es que el juez ya acordó a finales de 2016 devolver a todos los imputados en esta causa la documentación que le pertenece y que ya no fuera relevante para el procedimiento, si bien hay acusados, como es el caso del propio Rato, que le recriminaron que no les aportara todos los documentos. Tanto es así que su defensa presentó un escrito en octubre de 2017 en el que pidió que se completara la entrega de todos los DVD que le pertenecen y que recogen sus documentos.
En este caso, el auto está fechado a 11 de diciembre y sigue los dictados de lo acordado apenas días antes por la misma sección de la Audiencia Provincial, cuando ordenó devolverle todo el material incautado por los agentes tras el estallido de esta causa hace más de tres años y medio. De esta forma, se reconoció su "derecho incólume" a recuperar -a excepción de la parte que pueda permanecer secreta- 28 cajas de documentación cuyo escaneo alcanzó los 46.000 folios y el volcado de los correos electrónicos que se cifran en 80.000.
Rato, que ingresó el pasado mes de octubre en Soto del Real (Madrid) tras adquirir firmeza la condena de cuatro años y medio de cárcel por el caso de las tarjetas 'black', estaba llamado a declarar por un presunto delito de blanqueo en el marco de esta causa el pasado 30 de noviembre pero el juez suspendió la citación en el último momento. Este interrogatorio vendría a sumarse a la que ya prestó por estos mismo hechos a finales del mes de julio cuando entonces negó las acusaciones y denunció que se hubiera abierto este procedimiento penal contra él.
En cualquier caso, a la condena por el uso de las tarjetas de Caja Madrid y a la causa sobre el origen presuntamente ilícito de su fortuna familiar, hay que sumarle un tercer procedimiento que sigue la Audiencia Nacional y es el de la salida a Bolsa de Bankia. Se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción por el delito de fraude a los inversores. Se trata de la pena más elevada de todos los que se sientan en el banquillo de los acusados puesto que era el presidente de la entidad en el momento de los hechos.
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