Justicia ultima el contrato con un bufete belga para pleitear por el 'caso Llarena'

"El Ministerio de Justicia espera que en breve culminen los trámites para la contratación de un despacho de abogados en Bélgica en defensa de los intereses de España, en relación con la demanda presentada contra el juez Llarena por los políticos catalanes huidos a aquel país y encausados por el Tribunal Supremo". El Gobierno confirmó este domingo en un comunicado la activación de "todos los mecanismos necesarios" para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada en Bélgica contra el juez Pablo Llarena, instructor del 'procés', por el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

El anuncio del Gobierno se produce tras las duras críticas recibidas el pasado viernes por parte de diferentes asociaciones judiciales - Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales - acusando al Ejecutivo de "dejación de funciones" y exigiendo al Estado que asumiese la defensa de Llarena.

Las asociaciones reaccionaron así después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegurara que, aunque el Ejecutivo iba a defender la jurisdicción de España en la demanda civil contra el juez, el amparo legal y el apoyo al juez le corresponde al propio Poder Judicial.

El Ejecutivo aclara en el comunicado que ha atendido todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial en relación a la demanda contra el juez del Tribunal Supremo para defender los intereses del país, y que atenderá las peticiones "de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española" que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial.

Llarena, instructor de la causa abierta por el "procés", debe comparecer el 4 de septiembre en Bélgica a raíz de la demanda civil presentada allí contra él por el expresidente catalán Carles Puigdemont, que alegó que no respetó su derecho a la presunción de inocencia, informa Efe.

El magistrado solicitó amparo al Consejo General del Poder Judicial que, en Comisión Permanente, resolvió trasladar al Gobierno el pasado día 21 su petición para la adopción de "las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica".

Y "de manera inmediata", según el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia puso dicha petición en manos de la Abogacía del Estado para poder contratar los servicios de un despacho de abogados que represente al Reino de España ante los tribunales belgas.

"El Gobierno ha dado desde el principio una respuesta positiva y ha actuado con diligencia en este asunto en los términos trasladados por el Poder Judicial y con arreglo a la legislación vigente", recalca la nota.

Partido Popular y Ciudadanos también han reclamado al Gobierno a lo largo del fin de semana que actuase en defensa del magistrado y anunciaron peticiones de comparecencia e iniciativas parlamentarias en este sentido.