Justicia universal. Médicos del mundo alerta de la desprotección de las niñas víctimas de mutilación genital

Médicos del Mundo alertó este lunes de la desprotección en la que se pueden encontrar miles de niñas que residen en España pero que proceden de países donde se practica la mutilación genital femenina (MGF), a consecuencia de la limitación de la justicia universal que ratificará el Senado.
Por ello, Médicos del Mundo se ha dirigido a los grupos parlamentarios solicitándoles que incluyan explícitamente esta mutilación como una práctica perseguible por la justicia española, aunque se cometa durante estancias de las familias de las niñas en el extranjero, momento que es aprovechado por estas personas para realizar esta práctica, según informa la ONG en una nota de prensa.
La Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, reconoce la competencia de la jurisdicción española para conocer los hechos cometidos por personas españolas o foráneas fuera del territorio nacional y recoge los delitos relativos a la MGF, siempre que los responsables se encuentren en España.
En la proposición de modificación de la citada ley orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la MGF ya no se menciona expresamente como uno de los delitos perseguibles extraterritorialmente. “Médicos del Mundo considera que, al no estar expresamente citada, se creará inseguridad jurídica”, avisa la organización, que critica que se adopte esta decisión mientras que recientemente el Gobierno ha adoptado medidas para luchar contra esta práctica en España, donde unas 17.000 niñas corren el riesgo de sufrirla.
COOPERANTES Y VÍCTIMAS DE TRATA
Por otra parte, indica que la limitación de la justicia universal en España alejará la posibilidad de hacer justicia con víctimas de genocidios como el de Ruanda, entre ellas los cooperantes de Médicos del Mundo Flors Sirera, Manuel Madrazo y Luis Valtueña, asesinados en el país africano en 1997. La organización interpreta la reforma legislativa como “una negación del derecho a la justicia para las víctimas y sus familias”.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu mantiene abierta la causa contra el general y presunto genocida Kayumba Nyamwasa, procesado por la muerte del religioso catalán Joaquim Vallmajó en 1994 y la de los tres miembros de Médicos del Mundo, asesinados años después.
El juez considera que Nyamwasa habría "decidido, ordenado y supervisado el asesinato" de Sirera, Madrazo y Valtueña al haberse convertido en testigos incómodos de una matanza de hutus en Ruhengeri (norte de Ruanda). “El asilo que le concedió el Gobierno sudafricano ha dificultado el avance de la investigación, pero sin duda ésta puede quedar definitivamente sobreseída si se aprueba esta limitación de la justicia universal”, advierte la ONG.
Además, Médicos del Mundo teme que con el actual articulado de la propuesta legislativa muchas mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual queden también desprotegidas, puesto que el texto exige que las víctimas tengan residencia habitual en España para poder perseguir a sus tratantes, “algo extremadamente difícil de demostrar, porque las mujeres afectadas suelen ser trasladadas de residencia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras continuamente para asegurar su aislamiento y es habitual que las mantengan indocumentadas durante todo el tiempo que permanezcan en España para que sean más vulnerables a las coacciones”, concluye la organización.