Justicia ve "revolucionaria" su reforma procesal, en la que Interior pide voz

Madrid, 29 may.- El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha reivindicado el papel de las fuerzas armadas y que tengan "voz" en el debate de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el ministro del Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha calificado de "revolucionaria".

En una jornada sobre la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que pasará a llamarse Código Procesal Penal, y en la que han participado ambos ministros, Gallardón ha pedido "que nade tenga miedo" ante la futura ley ni que "nadie piense" que la propuesta de encargar a los fiscales la instrucción de los delitos significará "intervención política".

Es la principal novedad del borrador de la comisión de expertos sobre el Código Procesal Penal, que además incluye limitaciones en los juicios con jurado popular -solo enjuiciará los asesinatos y homicidios dolosos- y que prevé que sean 24 horas el límite máximo que una persona puede permanecer detenida antes de pasar a disposición judicial.

Además de estas propuestas, Gallardón ha desgranado otras iniciativas como que los acusados solo declararán a petición de su defensa, por lo que se garantizará "no declarar contra sí mismo", si bien ha precisado que si contesta a sus abogados lo deberá hacer al resto de las partes.

"Nos asomamos a una de las grandes revoluciones silenciosas que pueden modificar la realidad de un país", ha destacado el titular de Justicia antes de confesar un "cierto vértigo responsable" ante la importante reforma procesal.

Para Ruiz-Gallardón una nueva normativa con "vocación" de permanencia y que "no se limite a una ley de una sola legislatura", para lo cual ha pedido el mayor consenso de los grupos parlamentarios cuando el proyecto llegue al Congreso.

Una opinión que ha compartido el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ve "sensato" propugnar un sistema de investigación "moderno, ágil y equilibrado", aunque ha dejado claro que su departamento tiene "una mirada propia" sobre la reforma.

"No es posible avanzar en esta nueva regulación sin incorporar la voz de la Policía Judicial", ha hecho hincapié Fernández Díaz, quien ha reivindicado la labor "imprescindible" y "relevante" en las fuerzas de seguridad en la investigación de los delitos.

De salir adelante la propuesta de la comisión, los fiscales asumirán la investigación de los procesos judiciales y, por tanto, la policía judicial podría pasar a depender directamente de ellos, una novedad que no es del agrado de las fuerzas de seguridad, según reconocen a Efe fuentes policiales.

Fernández Díaz ha remarcado que en las reflexiones que ambos departamentos están realizando sobre la reforma deberán quedar "perfiladas" las competencias y responsabilidades de todos los profesionales que intervienen en el proceso penal.

En representación de uno de estos participantes, los fiscales, ha intervenido el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que ha defendido la futura competencia de estos, lo que permitirá "romper las amarras que le ataban al Gobierno".

Aunque para Torres-Dulce la posibilidad de que sea el fiscal el que asuma la investigación es "muy importante", también lo es que la figura del juez no pierda la perspectiva de "equilibrador" de las partes.

Tras las intervenciones de los ministros y del fiscal, la jornada ha continuado con un debate en el que han participado los magistrados del Tribunal Supremo, Manuel Marchena y Antonio del Moral, miembros de la comisión de expertos, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, el fiscal Manuel Martín-Granizo y el abogado Ignacio Gordillo.

Tanto Marchena como Del Moral han defendido la garantía que supondrá para el proceso la creación del fiscal investigador bajo la tutela de un juez de garantías, mientras que Grande-Marlaska ha destacado el control de tiempos que ejercerán los magistrados en la limitación de las investigaciones

Más crítico se ha mostrado con el futuro Código Procesal Penal el abogado Ignacio Gordillo para quien la figura del fiscal instructor ya existe en la práctica y ha vaticinado que la futura norma "empeorará aún más la situación actual".

Por su parte, Martín-Granizo ha criticado los "excesivos deberes" que atribuye la reforma al Ministerio Fiscal y ha alertado del peligro que supone introducir plazos en la investigación.