Justificar el terrorismo será causa de expulsión de la izquierda abertzale

Bilbao.- Los estatutos del nuevo partido de la izquierda abertzale incluyen la expulsión de los militantes que incumplan el artículo 9 de la Ley de Partidos, que establece que una formación puede ser ilegalizada por justificar, fomentar o apoyar políticamente el terrorismo.

En la presentación del nuevo partido de la izquierda abertzale en Bilbao, el abogado Íñigo Iruin ha desgranado el contenido jurídico de los estatutos, que serán inscritos el próximo miércoles en el registro de partidos políticos del Ministerio de Interior en Madrid.

Los estatutos, cuyo texto no ha sido facilitado hoy, también recogen, según Iruin, el "reconocimiento y reparación de todas las víctimas" de las "múltiples violencias" que ha habido en Euskadi.

Iruin ha explicado que los estatutos del nuevo partido se han elaborado de acuerdo con los requisitos "ineludibles" para la formación de un nuevo partido por parte de la izquierda abertzale establecidos por el Tribunal Supremo, en la sentencia de ilegalización de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) de 2007.

Estos requisitos son que no sea continuación o sucesión de una formación ilegalizada y que eso se demuestre por los promotores con la condena o el rechazo, según Iruin, de forma "expresa" de la violencia de ETA.

En cuanto a los términos concretos para cumplir ese requisito, Iruin ha explicado que la reforma de la Ley Electoral del pasado 30 de enero exige para los nuevos cargos electos el "rechazo" y "separación" de la violencia terrorista, pero no la "condena".

Por ello, los estatutos recogen el "rechazo" a la violencia como instrumento político, un "rechazo" que "abiertamente y sin ambages incluye a la organización ETA, en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas".

El nuevo partido y sus militantes también asumen el "rechazo de quienes fomenten, amparen o legitimen los actos de terrorismo, oponiéndose, de manera clara y expresa, a cualquier justificación conceptual y cobertura ideológica de los mismos".

La "garantía" de que el nuevo partido no tendrá "connivencia política y organizativa" con la violencia y los partidos ilegalizados es el "régimen disciplinario", que incluye la expulsión de los afiliados por "la realización de alguna de las conductas previstas en el artículo 9" citado de la Ley de Partidos.

La segunda "garantía" es que para ser candidato del nuevo partido se deberán asumir previamente los principios de actuación política y el artículo 3 de los estatutos, que establece que el nuevo partido no podrá permitir una "subordinación o tutela externa" para convertirlo en una "organización vicarial de quienes practiquen la violencia".

Para Iruin, "la intensidad del rechazo a toda violencia y sus instrumentos que se recoge en los estatutos, exteriorizado, sin equívocos ni circunloquios respecto a la organización ETA, es contrapeso suficiente, ha de bastar, para desvanecer cualquier presunción de connivencia con ella o con organizaciones ilegalizadas".

Por tanto, ha considerado que los estatutos están "protegidos" por una "presunción de constitucionalidad" y que el Gobierno "debe atenerse a estrictos criterios de legalidad" y realizar la inscripción de la nueva formación en el registro de partidos "sin necesidad de trasladar la decisión a la Sala Especial (del artículo 61) del Tribunal Supremo".