El juzgado archiva la causa por presunta malversación de fondos en Umivale

El juzgado de Instrucción número 1 de Quart de Poblet (Valencia) ha archivado la causa por presunta malversación de fondos en Umivale, una causa que surgió a raíz de una denuncia en 2014 de dos extrabajadores y un exproveedor que sostenían que durante la presidencia de José Vicente Morata al frente de la entidad se destinaron fondos públicos desde la mutua a Umivale-Prevención, sociedad de carácter privado que se escindió de ella en 2005.

El fiscal, en un escrito del pasado 2 de junio, también había pedido el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a los tres investigados --Morata, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia y del Consejo de Cámaras; Pilar Soriano, directora general en Umivale Prevención, y Héctor Blasco, director-gerente de la mutua--.

El juzgado considera, en un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que de las diligencias practicadas no han quedado acreditados los hechos objeto de denuncia ya que no hay indicios de la inversión de mobiliario o material médico o pago de facturas a costa de Umivale, ni tampoco ve indicios que permitan justificar una "defraudación a la Seguridad Social, de malversación de fondos o medios públicos o delito societario".

La causa se originó en marzo de 2014 a raíz de una denuncia de dos extrabajadores y un exproveedor que aseguraban que Umivale Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales "habría destinado a usos ajenos a la función pública de la mutua caudales y efectos públicos puestos a su disposición por razón de sus funciones". La "distracción" se consumaría a través de la Sociedad de Prevención, a la que "habría destinado recursos materiales y humanos mediante el pago de comisiones a corredores de seguro, la realización de cursos de formación, etc".

CIRUGÍA ESTÉTICA

Asimismo, se denunciaba la existencia de conciertos por parte de la Mutua con clínicas privadas a las que habría puesto a su disposición caudales públicos para su funcionamiento. Además, alegaban que Umivale atendía a empleados de grandes empresas no solo por accidentes de trabajo sino por cualquier motivo de salud y que esas asistencias no sería facturadas a la sanidad pública mediante procesos invisibles para eludir el control de la Seguridad Social. Otra de las actuaciones denunciadas fue que la Mutua habría asumido los costes de una intervención de cirugía estética de Morata.

Los tres investigados negaron los hechos imputados. El juzgado no considera que haya quedado justificada la perpetración de delito, por lo que decreta el sobreseimiento, pero, también, de acuerdo con la petición del fiscal, remite las actuaciones a la Inspección Provincial de Trabajo de la Seguridad Social de Valencia a los fines administrativo-sancionadores.

Al respecto, señala que los inspectores que realizan actuaciones inspectoras en Umivale habrían advertido que la comercialización de los servicios de prestación de asesoramiento y asistencia en materia preventiva de algunas empresas "no se habría ejecutado por trabajadores de la sociedad de prevención de Umivale sino por vinculados a Umivale Mutua". Así, la sala rechaza que existan indicios racionales de delito pero cree que estos hechos "podrían ser constitutivos de infracción de conformidad con la normativa que regula la actividad de las mutuas".

"SITUACIÓN INJUSTA"

Umivale también ha informado del sobreseimiento de la causa y ha considerado en un comunicado que este auto "pone fin a una situación injusta" y ha destacado el "daño" que la denuncia "cuya inconsistencia ha quedado acreditada, ha ocasionado a la reputación tanto de las personas implicadas como de la propia entidad".