Santander, 7 nov.- La Audiencia de Cantabria juzgará al alcalde de San Vicente de la Barquera y presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Julián Vélez (PP), y a tres ediles más por haber otorgado la licencia de construcción de La Argolla, una urbanización de 18 viviendas que se halla en el Parque de Oyambre.
La Fiscalía de Cantabria acusa a Julián Vélez y a tres exconcejales de San Vicente de la Barquera, Serafín Bada (Urbanismo), Ángel Chaves (Hacienda) y Luis Martín Dávila (Medio Ambiente), por un delito contra la ordenación del territorio y, subsidiariamente, de prevaricación.
Todos ellos formaban parte de la Junta de Gobierno Local que en 2006 otorgó la licencia de construcción para esta urbanización, aunque actualmente sólo Julián Vélez continúa en el Ayuntamiento.
Estaba previsto que el juicio comenzara hoy, pero se ha suspendido para que se persone en el proceso Caja Burgos, la entidad que concedió el crédito hipotecario para la urbanización.
La defensa de los acusados y el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera (al que la Fiscalía señala como responsable civil subsidiario) han pedido, durante el trámite de cuestiones previas, que se anule el juicio porque esa entidad de ahorro no está personada, por el desorden de las actuaciones y porque, a su entender, estos hechos ya fueron analizados por un Juzgado de lo Contencioso.
La Audiencia ha aceptado suspender la vista para trasladar las actuaciones a Caja Burgos, pero no cree que los defectos en el expediente hayan causado indefensión a los acusados.
Y será en la sentencia cuando los magistrados se pronuncien sobre si estos hechos se corresponden con lo que se ha examinado en otro proceso relacionado con La Argolla que ya ha tenido lugar en la jurisdicción de lo Contencioso.
El presidente de la Federación de Municipios de Cantabria y alcalde de San Vicente de la Barquera, Julián Vélez, ha dicho a los periodistas antes del juicio que ni él ni ningún edil "incidieron" en la concesión de la licencia de La Argolla.
Y ha señalado que no se ha planteado dimitir antes del juicio porque ésta fue la forma de actuar de todos los ayuntamientos en el Parque de Oyambre.
El Ministerio Público sostiene que, al aprobar la concesión de la licencia de La Argolla, los acusados infringieron conscientemente varias normas y órdenes legislativas y no se recabó el informe favorable de la Consejería de Desarrollo Rural.
La fiscal solicita para cada uno de los acusados dos años y medio de cárcel y once de inhabilitación por el delito contra la ordenación del territorio, mientras que por el de prevaricación solicita otros nueve años de inhabilitación.
La Fiscalía también pide la demolición de lo ilegalmente construido, con cargo a los acusados y la reposición del terreno a su estado anterior al inicio de las obras.
Las obras de esta urbanización fueron paralizadas de forma cautelar por el Juzgado entre 2007 y 2010, ya que la licencia fue recurrida ante los tribunales por el Gobierno de Cantabria.
Este procedimiento contra el alcalde de San Vicente de la Barquera y estos ediles se inició en 2007 con una denuncia presentada por Ecologistas en Acción y Traperos de Emaús.
La juez de Instrucción de San Vicente de la Barquera acordó archivar esta causa en mayo de 2009, pero tuvo que retomarlo en noviembre por orden de la Audiencia de Cantabria, que entendió que existían indicios de que Vélez y el resto de ediles prevaricaron al conceder la licencia.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios