Juzgan a un policía por una detención en marcha contra la Ley Antibotellón

Sevilla, 10 oct.- La acusación particular pedirá mañana cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación para un policía nacional de Sevilla por la presunta detención ilegal de un profesor de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) que asistía a una manifestación contra la llamada Ley Antibotellón.

En el juicio que celebrará la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, la Fiscalía imputará al agente un presunto delito contra la libertad individual por el que reclamará siete meses de suspensión de empleo público, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Efe.

Los hechos ocurrieron en la zona de la Alameda de Hércules de Sevilla hacia las dos de la madrugada del 21 de enero de 2007, cuando S.C.R., profesor de Derecho en la UPO, se encontraba junto a un grupo de personas que protestaban contra la prohibición de consumir alcohol en la calle y un policía le pidió que se identificase.

Según el fiscal, el profesor "se limitó a exhibir su DNI, pero negándose en todo momento a entregarlo", a la vez que hacía ademanes con la mano, por lo que "resultaba imposible recoger los datos".

No obstante, la acusación particular sostiene que el profesor se ofreció a facilitar todos sus datos "si bien manteniendo el documento en la mano".

Ante esta circunstancia -afirma el escrito de la acusación particular- los agentes detuvieron a S.C.R. por un delito de desobediencia grave, lo trasladaron a la Jefatura de Policía de la avenida Blas Infante y le ingresaron en los calabozos.

Allí "fue sometido a burlas, comentarios humillantes y a un cacheo integral y obligado por uno o varios funcionarios sin identificar a desnudarse varias veces, llegando a ser manoseado en pene y testículos", según la acusación.

La detención se prolongó hasta las 10 horas de la mañana siguiente, según el abogado Luis de los Santos, que imputa un presunto delito de detención ilegal a J.M.R., instructor de las diligencias, y reclama una indemnización de 20.000 euros, con responsabilidad subsidiaria del Ministerio del Interior.

Por su parte, la Fiscalía de Sevilla imputa al agente un delito contra la libertad individual pues hacia las tres o tres y media de la madrugada, cuando el detenido había sido informado de sus derechos y se hallaba "plenamente identificado", ordenó mantener su detención y su consiguiente traslado a los calabozos.

El imputado procedió de esa manera "con notoria negligencia" pues no comprobó que el detenido estaba identificado y ordenó su traslado a los calabozos, según el fiscal.

Debido a su negativa a identificarse, S.C.R. fue condenado a pagar una multa de 30 euros por una falta contra el orden público en una sentencia ya declarada firme.