Procesan a Rato, Norniella y 13 personas por comisiones en publicidad de Bankia

  • Anticorrupción pidió que se abriera juicio oral por corrupción en los negocios ante el presunto cobro de 835.000 euros en comisiones irregulares.
Rodrigo Rato
Rodrigo Rato

El juez al frente de la macroinvestigación por el presunto origen ilícito del patrimonio familiar de Rodrigo Rato ha concluido la investigación en una de las piezas que integran la causa y propone juzgar al expresidente de Bankia y otras doce personas (entre ellas el exconsejero de la entidad José Manuel Norniella) además de las agencias Publicis y Zenith en calidad de personas jurídicas por el presunto cobro de comisiones irregulares de los contratos de publicidad de la entidad con motivo de su salida a bolsa.

El titular del juzgado número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado al considerar que queda acreditado que durante los ejercicios de 2011 y 2012 Bankia contrató los servicios de publicidad de Publicis y Zenith a cambio de una comisión de 2,02 millones de euros que las dos mercantiles abonaron a la sociedad Albisa Inversiones. Ésta, a su vez, habría transferido 835.000 euros a Kradonara, de la que es administrador el exvicepresidente económico del Gobierno. 

La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado mes de junio al juez al frente del caso que concluyera esta parte de las pesquisas al entender que el exdirector gerente del FMI se sirvió de cercanos colaboradores -como los también procesados José Manuel Norniella, su secretaria Teresa Orellano, o el administrador de algunas de sus empresas Miguel Ángel Montero- quienes actuaron "como un auténtico grupo de presión" dentro de la entidad para conseguir el presunto desvío de estas comisiones irregulares. La fiscal del caso, Elena Lorente, expuso que, por ejercicios Kradonara ingresó 474.000 euros en 2011 y 360.608 en 2012.

El magistrado, que en su momento negó la pretensión del Ministerio Público al considerar que esta pieza guardaba hechos conexos con otras y que había que seguir indagando, zanja ahora esta parte de la instrucción y explica en un auto que, de las confesiones efectuadas en sede judicial por el abogado Domingo Plazas se deprende que las comisiones percibidas a través de Albisa fueron a parar a Bagerpleta GMBH; empresa participada por Rato y dedicada a la explotación de un hotel en Alemania. Precisamente esta parte del procedimiento se investiga en la pieza relativa al delito de blanqueo de capitales.

El auto recoge igualmente las declaraciones del resto de procesados  así como de testigos de las que se desprende que a Publicis se le pagaban 240.000 euros mensuales en virtud del acuerdo suscrito y que les parecía una "barbaridad" si bien se les dijo que "no había nada que hacer" y que se tenía que contratar con dicha mercantil. Otra testigo apuntó que todo lo concerniente al tema de publicidad lo decidía directamente José Manuel Norniella, quien ejercía un control "estricto" con la Dirección General de Comunicación, encargada de estos asuntos. Se da la circunstancia de que tanto Rato como Norniella están siendo juzgados en el marco de la causa investigada por la Audiencia Nacional sobre la salida a bolsa de la entidad. 

Bankia se desvincula del contrato

Desde la cúpula de las mercantiles ahora procesadas se explicó que el acuerdo alcanzado con la entidad consistía en que primero se comprobarían los beneficios del contrato y luego se harían las transferencia a Albisa, que era a la que debían facturar según órdenes recibidas. El magistrado añade que durante ese período, Rato se apoyó especialmente en su secretaria, la cual fue acumulando funciones en detrimento de la entonces directora de Comunicación y Marca, Pilar Trucios, hasta que finalmente abandonó el banco.

La entidad que preside Ignacio Goirigolzarri, por su parte, expuso, siempre según el escrito del instructor, que carece de información alguna relativa al informe de evaluación sobre los contratos de publicidad así como también de los criterios empleados en este concurso, de ahí que no pueda pronunciarse sobre la veracidad de estos documentos.

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