La A. Nacional anula una multa de 2 millones a Adveo impuesta por Competencia

Madrid, 16 jul.- La Audiencia Nacional ha anulado la multa de más de 2 millones de euros que impuso la entonces Comisión Nacional de la Competencia (CNC) contra Adveo (antigua Unipapel) por una supuesta fijación de precios y reparto del mercado.

Según ha indicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el pasado 25 de junio le fue notificada a Adveo la sentencia de la Audiencia Nacional en la que se anulaba la resolución impugnada. Contra la misma cabe recurso de casación.

El 17 de octubre de 2012, la CNC anunció una multa conjunta de más de 3,7 millones de euros a seis empresas papeleras, entre ellas Unipapel, por haber mantenido durante 30 años un acuerdo de fijación de precios y reparto de mercado para la exportación de sobres de papel.

La CNC, ahora la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), destacaba que para llevar a cabo estas prácticas anticompetitivas las compañías multadas crearon la empresa Hispapel donde "se reunían y coordinaban" estas acciones.

El organismo consideraba además acreditado que el Comité Ejecutivo de Hispapel, integrado por los principales competidores en este mercado, "era el foro en el que se intercambiaba información sensible y se adoptaban los acuerdos citados".

Los acuerdos, añadía, tenían como objeto fijar los precios y repartirse el mercado de exportación de sobres de papel a terceros países (principalmente de Oriente Medio) y a algunos países de la Unión Europea.

En concreto, la multa interpuesta a la entonces Unipapel ascendía a 2.013.468 euros.

Además, el organismo multó con 677.717 euros a Antalis Envelopes Manufacturing (aunque ésta fue reducida a 406.630 euros); con 629.845 euros a Manufacturas Tompla; con 122.902 euros a Pacsa (Papelera del Carrión); con 274.028 euros a Talleres de Manipulación del Papel (SAM) y con 50.000 euros a Manipulados Plana.

Tras tener conocimiento de esta sanción, la compañía ya anunció en su día que concurrían los argumentos suficientes para interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la citada resolución.