La Abogacía del Estado, que representa a los miembros del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, ha defendido la legalidad y necesidad que tiene el préstamo de 34 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra para garantizar su viabilidad. Según se expone en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid -que este jueves ha acordado suspender de manera cautelar dicho crédito-, los servicios jurídicos del Estado subrayan que el "apoyo financiero de último recurso" aprobado por dicho Consejo cumplen, de "forma rigurosa", los criterios técnicos, legales y financieros recabados previamente con el objetivo de ayudar a la empresa para "recuperar su situación" previa a la pandemia del coronavirus.
Así lo indica la abogada del Estado Rosa María Seoane en un informe con fecha del pasado 19 de julio, al que ha tenido acceso La Información, enviado a la juez Esperanza Collazos, después de que ésta diera traslado a las partes del oficio remitido por la SEPI, en el que comunicó que el próximo 28 de julio procedería a desembolsar 34 millones de euros como préstamo participativo, "salvo que con anterioridad se haya recibido orden en contrario”. La magistrada instructora finalmente ha acordado paralizar temporalmente dicha operación ante la existencia de una causa judicial abierta por el rescate de Plus Ultra, si bien ha dado un plazo de cinco días para que la empresa justifique la necesidad de dicha entrega.
El escrito explica que, para que la compañía pueda seguir manteniendo su actividad, es necesario que se culmine el rescate cuantificado en 53 millones de euros, y de los que ya se han adelantado 19 millones. Así, la abogada del Estado afirma que, de acuerdo con el informe de la Intervención General de la Administración del Estado aportado al Tribunal de Cuentas, la concesión del apoyo financiero a Plus Ultra "no produce ningún quebranto al fondo", sino al contrario, ayudaría a su devolución. Según sostiene, el perjuicio se ocasionaría de no autorizarse el préstamo, pues la cantidad ya abonada "se vería comprometida" y con ello el plan de viabilidad de la empresa y su compromiso adquirido de reintegro.
Seoane indica en su escrito que la SEPI no accedió de "inmediato" a realizar dicho desembolso, sino que solicitó sendos informes a la consultora Deloitte, asesor jurídico de la operación, y a la propia Abogacía del Estado para recabar información sobre la procedencia de continuar con el préstamo participativo, una vez iniciada la causa judicial. Ambos documentos señalaron que se debía dar cumplimiento a los contratos suscritos con la la compañía aérea y que por tanto se debía llevar a cabo el abono de la parte que aún quedaba pendiente a Plus Ultra, siempre y cuando se pusiera en conocimiento de la juez instructora por si ésta consideraba que era necesario adoptara alguna medida al respecto, tal y como ha ocurrido.
Para minimizar los efectos de la pandemia
Con todo ello, la Abogacía del Estado recuerda que el Real Decreto aprobado el 3 de julio de 2020 por el que se creó la FASEE concreta que la "finalidad o interés público" que persigue este organismo, diferenciado de "otras muchas líneas dirigidas a otros segmentos", es "apoyar la pervivencia y el mantenimiento de las empresas españolas para minimizar los efectos derivados de la crisis sanitaria". Así, de acuerdo con la norma y con todos la información recopilada, la abogada del Estado recalca que la actuación del Consejo Gestor "se acomodó estrictamente en la legalidad"
Es más, los servicios jurídicos del Estado insisten en que, "pese a la infundada e injusta sospecha que sobre ellos se ha hecho recaer", los miembros de dicho órgano "en modo alguno tienen un interés particular en que se desembolse el préstamo pendiente a la mercantil Plus Ultra, más allá del estricto cumplimiento de la resolución que así lo acordó". Entre los querellados figuran el vicepresidente del holding público, Bartolomé Lora; la exsecretaria de Estado de Economía Ana de la Cueva -recientemente nombrada de Patrimonio Nacional-; la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque; el secretario general de Industria, Raúl Blanco; y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid inició este procedimiento por el rescate de Plus Ultra el pasado mes de abril tras admitir la querella interpuesta por Manos Limpias por la comisión de un presunto delito de malversación de fondos públicos . No obstante, un mes después la magistrada aceptó la personación de los partidos PP y VOX, que acusan también de otros delitos como contra la Hacienda Pública o fraude de subvenciones.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios