La decisión del Ministerio de Justicia de fulminar, sin previo aviso, a la abogada del Estado-jefe del Ministerio de Hacienda ha provocado un 'tsunami' en el seno de un cuerpo de élite de la administración que lleva varios años trabajando sin descanso contra los independentistas. Así lo confirman a La Información compañeros de Carmen Tejera, una profesional con una larga trayectoria en su puesto, considerada "un referente moral y profesional" para muchos de ellos. Esta semana ha tenido que recoger sus pertenencias de su despacho y enfilar la puerta de salida a la espera de un nuevo destino.
María del Carmen Tejera Gimeno fue llamada el pasado miércoles al despacho de la abogada general del Estado, Consuelo Castro. Fuentes gubernamentales aseguran que la cita se produjo por la mañana, antes de la reunión de la mesa de negociación bilateral Gobierno-Govern, pero desde el entorno de Tejera afirman que fue por la tarde, mientras Quim Torra y el resto de los dirigentes designados por la Generalitat se sentaban en la sala Tàpies de Moncloa con los representantes elegidos por Pedro Sánchez. La conversación fue directa: destituida y a la espera de un nuevo puesto de trabajo que se le prevé asignar en los próximos días.
A partir de ahora se abre un abanico de posibilidades para Tejera. Su próximo destino profesional se encuentra en manos de sus superiores, que deberán decidir si continúa trabajando en Madrid o se incorpora a un puesto en otra comunidad autónoma. Entre las posibilidades sobre la mesa se encuentran posibles destinos en Ceuta, Melilla o, incluso, Canarias. Lo decidirá el equipo del nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Tejera formaba parte del equipo jurídico de la Subsecretaría de Hacienda como máxima responsable del mismo y con rango de subdirectora general.
Tejera era una profesional especialmente valorada en la Abogacía del Estado, según relatan sus compañeros de este cuerpo de élite de la Administración General del Estado. Desde muy joven supo lo que era la vocación de servicio público. De hecho su padre fue José María Tejera Victory, director general de lo Contencioso del Estado durante los últimos años del régimen de Francisco Franco. Quienes la conocen la definen como "una autoridad" dentro de la Abogacía.
Llevaba más de quince años en el cargo de abogada del Estado-jefe del Ministerio de Hacienda. Desde su entorno aseguran que había trabajado con ministros tanto del PSOE como del PP... hasta esta semana. Y había llegado a lo más alto por méritos propios. Trabajó con María Jesús Montero, con Cristóbal Montoro, con Elena Salgado, con Pedro Solbes y hasta con Rodrigo Rato. Cinco ministros confiaron en ella la jefatura de un departamento clave para la estrategia jurídica de Hacienda.
El "verdadero azote de los independentistas"
Con Cristóbal Montoro su nombre saltó a la fama. El ministro de Hacienda de Mariano Rajoy le encargó fiscalizar todas las facturas que emitía la Generalitat. Así, se encargo de supervisar que el departamento que dirigía Oriol Junqueras cumplía con la ley. Hay quien en la Abogacía del Estado la califica como "el verdadero azote de los independentistas".
El trabajo de Tejera fue clave durante el juicio del procés. La Fiscalía del Tribunal Supremo la propuso, junto a otras tres peritas, Sara Izquierdo, Teresa Hernández y Mercedes Vega, para apuntalar la acusación de malversación contra nueve de los doce líderes independentistas que se sentaron en el banquillo. Cifraron la malversación en al menos 917.000 euros sin IVA como gasto comprometido por el Govern de Carles Puigdemont para la organización del referéndum ilegal.
"El perjuicio patrimonial para la hacienda pública se entiende producido no cuando se paga. El pago es irrelevante, indiferente y absolutamente inocuo. Se entiende realizado el gasto con el reconocimiento de la obligación, con la prestación del servicio", explicó la hoy cesada Carmen Tejera, que fue quien firmó el informe que aportó Hacienda. Según las explicaciones de las peritas, los miembros del Govern habrían cometido malversación porque hubo encargos y se prestaron varios servicios. Unipost tenía preparados los envíos de las tarjetas censales, se imprimió cartelería sobre el referéndum, se emitió el famoso anuncio de las vías en TV3, etc... Todo ello, según su argumentación, independientemente de que luego la Generalitat no pagara, como en el caso de la radio televisión pública catalana, o de que incluso los proveedores renunciaran a cobrar.
El papel de Tejera en algunas de las últimas decisiones de Hacienda también ha sido importante y controvertido. De hecho, antes de las elecciones generales del 10 de noviembre el departamento que dirigía se opuso a la intención del Gobierno en funciones de trasferir 4.500 millones de euros a las comunidades autónomas. La Abogacía del Estado en Hacienda, que ella dirigía, justificó que esa transferencia no debería producirse al no haber base legal por tratarse de un Gobierno en funciones, pero el departamento de María Jesús Montero echó mano de su superior, Consuelo Castro, nombrada por el Gobierno de Sánchez y dependiente de Justicia, para desbloquear el reparto de los fondos, según publicó El Mundo. Castro ha sido, precisamente, quien la ha cesado.
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