La acusación popular del caso Lezo –que investiga irregularidades en el Canal de Isabel II- ha vuelto a insistir en la Audiencia Nacional en que Esperanza Aguirre, recientemente imputada en la trama Púnica, debe rendir cuentas también como investigada en esta otra gran causa de corrupción. El motivo, según explican, se debe a que dio luz verde en calidad de presidenta de la Comunidad de Madrid a un proyecto urbanístico de creación de un campo de golf en los terrenos del Canal incumpliendo para ello las normas de urbanismo.
Así lo recoge Adade en su recurso presentado ante la Sala de lo Penal después de que el juez al frente del caso, Manuel García Castellón, denegara la pretensión de la acusación popular de citar a Aguirre por estos hechos, que se remontan al año 2007. La investigación que se sigue en la pieza numero dos del caso Lezo versa sobre la adjudicación presuntamente irregular de un proyecto en el Canal, la cual fue a parar al consorcio Green Canal Golf. El mismo estaba integrado por una serie de empresas; entre ellas Tecnoconcret, que tenía al frente a Pablo González, hermano del entonces vicepresidente madrileño Ignacio González.
Según explica la acusación particular de la causa en el escrito recogido por este diario, en todo este proceso de adjudicación se cometieron "una serie de irregularidades" de entre las que destaca el hecho de que el equipo de Esperanza Aguirre declarara que el proyecto era de interés general. Este acuerdo alcanzado en Consejo de Gobierno de 18 de enero de ese año, supuso, según explican, una "violación flagrante" de las normas de urbanismo, puesto que esta obra no contaba con la licencia del Ayuntamiento.
40 millones de presupuesto
Por ese motivo, Adade no solo pide la imputación de la exlíder de los populares madrileños sino que considera que deben rendir cuentas en sede judicial el exconsejero de Madrid Mariano Zabia; el entonces secretario del consejo de Gobierno Salvador Victoria (imputado en la trama Púnica) y los directores generales de Evaluación Medioambiental y Urbanismo; María Jesús Villamedina y Domingo Menéndez, respectivamente. Además, reclama que se identifiquen a todos los miembros del Consejo de Gobierno que votaron a favor del acuerdo para que saliera adelante esta adjudicación, presupuestada inicialmente con un importe de 40,8 millones de euros.
Los hechos que ahora se investigan no se ciñen a 2007. De hecho, ya existía un acuerdo previo entre el Canal de Isabel II y el Gobierno madrileño relativo al año 2002 para impulsar un proyecto en los terrenos que la empresa pública de aguas tiene en Vallehermoso. Este contemplaba la creación de una zona verde de uso público, un estanque, un campo de fútbol y un pequeño helipuerto. Esta primera propuesta quedó en agua de borrajas y se aprobó un segundo borrador por parte del Canal (presidido por Ignacio González) y que incluía la creación de un campo de golf. Esta modificación requería, como es obvio, una segunda licencia municipal.
Pero la maniobra del Gobierno de Aguirre ya llegó a los tribunales por la vía administrativa. De hecho, el Tribunal Supremo sentenció que la construcción era ilegal y que no se respetaron las normas de urbanismo vigentes. "No solo no la justificaron, sino que plenamente conscientes de su ilegalidad tampoco la sometieron al Ayuntamiento para informe", denuncia la acusación, la cual basó la petición inicial de imputación en la postura adoptada por el anterior fiscal al frente de la causa, Carlos Yáñez, que planteó de manera informal su citación como investigada.
Lo cierto es que este argumento no convenció al magistrado García Castellón, quien precisó que esta pretensión suponía una base "irreal" e insuficiente para proceder a su citación y que, además, no había surgido ningún elemento indiciario nuevo que hiciera replantarse un cambio de criterio. Con todo, Aguirre siempre defendió que la creación de este proyecto fue idea suya y que nunca hizo "trampas" en la licitación del mismo, que fue a parar al hermano de su entonces número 'dos'. En idéntico sentido se pronunciaron los exgerentes del Canal Ildefonso de Miguel y Adrián Martín en su última declaración en la Audiencia Nacional el pasado mes de mayo.
Tal y como pudo saber este diario, los dos exaltos cargos negaron haber recibido presión alguna en esta licitación y explicaron que se fiaron de la valoración de los técnicos del Gobierno madrileño. Pero la acusación popular mantiene que tanto González como Aguirre eran plenamente conscientes de la ilegalidad de esta construcción y que no basta con escudarse en un 'me dijeron'. "Esto demuestra que la decisión se adoptó a sabiendas de su ilegalidad, dando preferencia a sus felices ideas frente a legalidad vigente y favoreciendo los intereses económicos de su vicepresidente y de la familia de este", zanja el escrito.
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