Hace dos semanas largas, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró completamente acreditado que el Partido Popular tuvo una contabilidad paralela nutrida por donaciones ilegales de empresarios, lo que provocó la moción de censura contra Mariano Rajoy que convirtió en presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Hoy, otro juez de ese tribunal, José María Vázquez Honrubia, ha considerado en la sentencia de la rama valenciana de ese caso de corrupción, que también el PP de Valencia se financió ilegalmente. Al menos durante las municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008. El juez central de lo Penal, además, ha condenado a cuatro años al exsecretario general de ese partido, Ricardo Costa y a otros cinco a Francisco Correa. Al exvicepresidente valenciano Vicente Rambla lo absuelve por falta de pruebas.
El pasado 24 de enero, Costa aseguró durante su declaración como acusado en el juicio que el partido se había financiado "con dinero negro" por orden del expresidente de la Generalitat Valenciana y de esa formación Francisco Camps. Ese dinero procedía, según el exsecretario general "de empresarios contratistas de la Generalitat". También aseguró que puso en conocimiento del entonces tesorero nacional del partido, Luis Bárcenas -ahora condenado a 33 años y en prisión- la existencia de esa caja B en la delegación valenciana del partido. Costa, además, reconoció que no hizo nada para evitar esa conducta ilegal y pidió perdón por ello.
Los principales cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'El Bigotes', también confesaron que la empresa del grupo corrupto en Valencia, Orange Market, se había lucrado con 3,4 millones de euros de dinero negro procedente del PP valenciano por actos electorales en 2007 y 2008. Gran parte de ese dinero provino directamente de empresarios que hacían así donaciones al partido. A cambio, Orange Market les entregaba facturas falsas por servicios que jamás se habían prestado. Los nueve empresarios imputados -entre ellos Vicente Cotino, sobrino del exconsejero valenciano, expresidente de las Cortes Valencianas y exdirector general de la Policía Juan Cotino, y el constructor Enrique Ortiz- también confesaron esta mecánica ante el juez.
6 años y 9 meses para 'El Bigotes'
En la sentencia, relativa a las piezas separadas de Valencia 1, 2 y 6 del caso Gürtel, se condena a los a acusados por delitos electorales, falsedad documental continuada y contra la Hacienda Pública. La pena impuesta al líder de la trama, Francisco Correa, es de 5 años y 3 meses, a su mano derecha, Pablo Crespo, de 5 años de cárcel, y a Álvaro Pérez, de 6 años y 9 meses. A todos ellos, en determinados delitos, se les aplica la atenuante de confesión o colaboración activa y a Correa, además, la de reparación del daño por haber permitido la repatriación de más de dos millones de euros que tenía en una cuenta en Suiza. También dentro del denominado Grupo Correa, a Cándido Herrero se le impone la pena de 5 años y 1 mes de cárcel y 3 años al asesor financiero Ramón Blanco Balín.
Entre la excúpula del PPCV en la época de los hechos, la Audiencia condena al exsecretario general Ricardo Costa a 4 años de cárcel al aplicar el juez las atenuantes de colaboración activa o confesión. La ex gerente Cristina Ibañez resulta condenada a 3 años y 4 meses; el exvicesecretario de la formación David Serra, a 3 años y 8 meses, y la extesorera Yolanda García, a 4 meses. Por contra, el Juzgado Central de lo Penal absuelve al exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla.
Los nueve empresarios que confesaron los hechos se libran de la cárcel al sustituirse sus penas -de hasta 1 año y 9 meses- por multas que alcanzan los 154.000 euros, a los que aplica la atenuante de colaboración activa y la de haber ingresado ya el dinero correspondiente a las indemnizaciones derivadas de sus delitos. Los condenados son, Antonio y Alejandro Pons (Piaf SL), Enrique Gimeno (Facsa), Rafael y Tomás Berna (Grupo Vallalba), Gabriel Alberto Batalla (Lubasa), Enrique Ortiz y José Beviá (Grupo Ortiz) y Vicente Cotino (Sedesa).
Soborno "en diferido"
Sobre el delito electoral por el que se condena a los acusados, el juez sostiene que se trata de un delito de riesgo, de un peligro futuro. "En síntesis, se podría hablar de un soborno en diferido: ciertos empresarios pagan hoy campañas electorales y mantienen u obtienen mañana contratos administrativos". El magistrado concluye que esa mecánica afecta a los intereses generales, porque los financiadores eran o iban a ser adjudicatarios de obras y servicios públicos, lo que empaña de manera "absoluta" la neutralidad y objetividad de los procesos electorales de 2007 y 2008 en ese territorio.
Al mismo tiempo también se refiere a los intereses de los propios empresarios que no participaron en la financiación ilegal del PP valenciano. "Es fácilmente inducible que tendrán enormes dificultades cuando no serán inmediatamente excluidos para ser adjudicatarios de obras o servicios de una administración cuyos ocupantes sean de un partido al que no han querido financiar", mantiene la sentencia.
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