La AN niega documentación al Congreso sobre la financiación ilegal del PP

La Audiencia Nacional ha rechazado enviar documentación al Congreso de los Diputados para que se analice en la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP. Así lo ha acordado la sección segunda de ese tribunal, que considera que las pesquisas que lleva a cabo la cámara podrían constituir una "investigación paralela no sujeta a las garantías del proceso penal" que podría comprometer la "presunción de inocencia" de los imputados en esta pieza del caso Gürtel. La resolución no ha sido unánime. Contra ella se ha manifestado el magistrado progresista José Ricardo de Prada, que ha firmado un voto particular discrepante. 

La resolución asegura que la pieza de Gürtel relativa a la finaciación ilegal del PP está "sub iudice" y que no está sujeta al "acceso indiscriminado a los documentos actuaciones judiciales que puedan poner en riesgo los derechos que asisten a los sujetos acusados cuya presunción de inocencia podría verse comprometida por investigación paralela no sujeta a las garantías del proceso penal y a la tutela de los derechos propios de la función judicial". Los magistrados también afirman que los documentos requeridos por la cámara sobre esa presunta financiación ilegal fueron entregados "bajo el control judicial y con el designio de investigar posibles conductas delictivas, permitiendo por ende la investigación de hechos y datos personales a los que no hay acceso por terceros".

El tribunal recuerda, además, que la pieza de la financiación ilegal fue reabierta por el juez José de la Mata en febrero de 2007 por lo que el caso se continúa investigando. Los  documentos solicitados eran varios informes emitidos por la UDEF y por la Intervención General del Estado.

Voto discrepante de De Prada

La resolución ha sido firmada por los magistrados María José Rodríguez Duplá (presidenta), Ángel Hurtado, Julio de Diego, Juan Pablo González y José Ricardo de Prada. Este último ha firmado un voto particular discrepante en el que mantiene que no existe "ninguna razón jurídica válida que ampare la negativa del tribunal de aportar la información solicitada" por la comisión de investigación del Congreso. 

De Prada recuerda que las conclusiones de las comisiones de investigación no son vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, tal y como establece el artículo 76 de la Constitución. Y señala que estos órganos se limitan "a depurar responsabilidades políticas en un sistema político democrático como el español en el que impera la independencia de los distintos poderes del Estado", lo que dejaría "incólume" el derecho a la presunción de inocencia de los investigados. 

El magistrado discrepante subraya además que este tipo de comisiones pueden adoptar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos -como la presunción de inocencia- que puedan verse afectados por sus investigaciones por lo que se manifiesta en  contra de la opinión de sus compañeros que señalan que ese órgano parlamentario podría vulnerar esos derechos con su investigación "paralela".