La AN reabre la causa contra los letrados que encargaron un espionaje a Villarejo

  • La Sala estima el recurso de Anticorrupción y se ampara en grabaciones en las que Villarejo reconoce la ilegalidad de las gestiones.
El comisario Villarejo en el programa Salvados de La Sexta
El comisario Villarejo en el programa Salvados de La Sexta
Europa Press - Archivo

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado la reapertura de la investigación contra cuatro exmiembros del despacho Herrero y Asociados por el encargo que hicieron al comisario jubilado José Manuel Villarejo de que espiara a la empresa Balder IP ante la sospecha de que les estaban haciendo competencia desleal, de acuerdo con un auto al que ha tenido acceso este diario.

La Sala da de esta forma la razón a la Fiscalía Anticorrupción que recurrió la decisión del anterior juez al frente del procedimiento, Diego de Egea, al considerar que se había cerrado de manera prematura y a tenor del avance de las pesquisas. De hecho, como resultado de las mismas se imputó a Enrique García Castaño alias 'El Gordo', a un funcionario de Hacienda y a cuatro policías más  a quienes se les tomó declaración a principios de mes. 

Ahora, los magistrados de la Sección Tercera amparan su decisión en una serie de grabaciones que obran en el sumario de la causa y las cuáles vendrían a poner de manifiesto que se produjo una reunión por un lado, entre Villarejo, el también investigado Rafael Redondo y los exmiembros de este despacho, por otro, "en la que se hace referencia explícita al uso de técnicas ilegales" que se habrían llevado a cabo en este encargo concreto de espionaje que se investiga en la pieza 'Iron'.

"Tú sabes que esto es más ilegal que una patata"

Del contenido de dichas grabaciones se traduce que el comisario jubilado espeta en un momento determinado del encuentro que el encargo -efectuado a su empresa Cenyt- es "más ilegal que una patata". Además, también se hace mención a movimientos bancarios asegurando que los mismos los pondrían en un anexo que no formara parte del informe y que tenía buena relación con la gente de los bancos aunque había cierto blindaje y, por lo tanto, hacía falta burlar un poco los controles.

Igualmente se recoge cómo Villarejo hace referencia en otra conversación con los investigados que los detectives que estaban a su cargo tuvieron problemas para encontrar determinada documentación de Hacienda, de la que dice que "no lo da gratis" y que "hay que untarlos" para poder obtener información al respecto. Precisamente, entre el material incautado por los agentes en el registro de la sede de Herrero y Asociados figuraban declaraciones tributarias y documentación bancaria de terceros que vendría a poner de manifiesto que todo ese material se obtuvo "por medios ilícitos".

Alusiones también al BBVA y a llamadas obtenidas "de aquella manera"

Con todo, también se hace mención a las buenas relaciones que mantenían con BBVA (sin dar más información al respecto) afirmando que estaban un poco reticentes pero que iban a salvar esas salvedades. Incluso se facilitan listados de llamadas del que el principal acusado en el procedimiento asegura que hay que manejar "con cierta discreción" porque se habían obtenido "de aquella manera". De todas esas reuniones, producidas en el año 2013, se traduce además que en estos encargos participaron de manera irregular otros policías también imputados en la causa así como funcionarios de Hacienda, los cuál habrían percibido alguna compensación a cambio de sus gestiones, de acuerdo con las sospechas de Anticorrupción.

Precisamente en su declaración en sede judicial el inspector retirado Antonio Bonilla reconoció haber realizado trabajos para Cenyt, si bien negó cualquier vínculo con el despacho Herrero y Asociados o irregularidades en sus gestiones las cuáles se limitaron, según dijo, al análisis de información de fuentes abiertas. No obstante, las notas internas de trabajo utilizadas por Cenyt mencionaban datos obtenidos por el inspector retirado -al que se refieren como 'Boni'- entre las que incluyen datos bancarios en cuentas abiertas en BBVA y Cajamar por tres de las personas espiadas.

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