La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha dictado auto por el que inadmite la querella presentada por una agrupación de taxistas contra 18 empresas de VTC como Cabify, Maxy Mobility y Uber al no ver acreditados indicios de los delitos de alteración del precio con engaño, estafa, contra la hacienda pública, administración desleal y contra los derechos de los trabajadores que les imputaban.
Para los querellantes, estas empresas han "generado una burbuja descomunal en el mercado uvetecista de autorizaciones" de manera concertada y dolosa y en particular, Uber y Cabify, utilizando diversas empresas de VTC y generando una red de contratas y subcontratas que encubren a su vez, una realidad de falsos autónomos. Añadían, que "pese a carecer de licencias de taxi, se comportaban como taxistas".
En un auto dictado este jueves, la instructora explica que la querella parte de "una premisa falsa que es la de considerar que la conducta desplegada por los querellados se ha producido en un mercado libre y carente de regulación, cuando no es así".
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