El día clave llegó. El presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán declara este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por su presunta implicación en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para el desarrollo de supuestos espionajes a empresarios, como Manuel Pizarro o Florentino Pérez, o a grupos de ecologistas y representantes sindicales que pudieran perjudicar sus negocios. El máximo responsable de la compañía eléctrica se enfrenta medio año después de su imputación por los delitos de cohecho, falsedad en documento mercantil y contra la intimidad a la declaración que marcará su futuro judicial en la macrocausa 'Tándem' y llega a la Audiencia Nacional con el respaldo de las declaraciones de los directivos que se han desligado de las presuntas irregularidades en los encargos que se realizaron al expolicía.
El exdirector general de Negocios Francisco Martínez-Córcoles y el exjefe de Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo han inaugurado este lunes la ronda de declaraciones de la alta dirección de Iberdrola en el momento de la contratación del Grupo Cenyt. Según han señalado fuentes jurídicas presentes en las comparecencias, ambos han destacado su escasa, o nula, intervención en la contratación de las empresas del comisario como proveedor de servicios de seguridad e inteligencia. De este modo, han allanado el camino al presidente de Iberdrola, que se pondrá frente al juez y los fiscales Anticorrupción después de que éstos hayan escuchado a su 'número dos' y al que fuera su asesor. No obstante, antes de la comparecencia de Sánchez Galán tendrá lugar la del expresidente de Iberdrola España Fernando Becker, sobre el que habrá que esperar para ver si sigue la tónica de los directivos que le han precedido en la Audiencia Nacional o, por el contrario, revela algún detalle inesperado.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 imputó el pasado 23 de junio a Sánchez Galán al considerar que existen indicios de que conocía “exclusivamente”, y en algunos casos también su antigua cúpula directiva, que los servicios encargados al agente encubierto, que entonces seguía en activo en la Policía Nacional, fueron “ocultados mediante la manipulación de los conceptos que se hicieron figurar”. El juez realizó tal afirmación basándose en la declaración de uno de los imputados clave en esta línea de investigación, el exjefe de Seguridad Antonio Asenjo, quien actuó de intermediario entre el comisario jubilado y la compañía eléctrica. Este exdirectivo admitió la responsabilidad de la contratación del Grupo Cenyt y la alteración de las facturas para saltarse los controles internos de la empresa del Ibex 35, si bien resaltó que Sánchez Galán no tenía conocimiento sobre este asunto.
Fuentes jurídicas cercanas al caso subrayan que Sánchez Galán tan solo tendrá que demostrar que, como presidente del primer grupo energético de España, no podía estar en el día a día de las actos de cada uno de los directivos de la multinacional. Cabe recordar que el juez García Castellón acordó el pasado mes de julio la desimputación en el caso 'Tándem' de los máximos responsables de Repsol, Antonio Brufau, y de Fundación La Caixa, Isidro Fainé, al descartar la existencia de indicios de que la contratación recayera en el "ámbito de control" de los presidentes y señalara que la "obligación de supervisión y vigilancia corporativa" está delegada en los órganos competentes para ello.
Asimismo, otra de las pruebas que han servido de base a la Fiscalía Anticorrupción para pedir la imputación del presidente de Sánchez Galán, y al juez para acordar la citación como investigado, es uno de los últimos informes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional sobre el análisis de una de las conversaciones que mantuvo el comisario jubilado con Asenjo. De ellas se desprende cómo Villarejo aludía a Sánchez Galán como "el jefe", "el señorito" o "don Ignacio" con intención de conocer la valoración que hacía la cúpula sobre sus trabajos y conseguir cobrar más por ellos. Fuentes jurídicas cercanas a Iberdrola subrayan que dichas grabaciones demuestran que el expolicía intentaba implicar a la alta dirección, lo que hará difícil de sostener ante el juez una acusación contra el presidente de la compañía.
Las dudas sobre la prueba clave
De momento, el juez ha dado cierta relevancia al testimonio de otro de los exdirectivos que se encuentra investigado en este procedimiento, pero que guarda un papel de 'testigo clave': el exjefe de Control Corporativo, José Antonio del Olmo, que elaboró en 2004 un informe que apunta directamente al supuesto conocimiento que Galán y su cúpula tenían de los pagos irregulares a Villarejo. Debido a que Iberdrola no ha localizado dicho documento, que se puso en manos del magistrado de la Audiencia Nacional en diciembre de 2019, ha abierto una intensa batalla legal contra el ex 'controller' presentando distintas querellas y demandas en los tribunales, convirtiéndose en uno de los principales 'enemigos' de la compañía. De hecho, con motivo de una de estas acciones legales emprendidas por la vía penal, Del Olmo está citado este martes a declarar en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, coincidiendo con la comparecencia de Sánchez Galán en la Audiencia Nacional.
En este caso, el presidente de Iberdrola cuenta también con la versión a favor de otros tres directivos de la multinacional vasca imputados casi desde el inicio de la apertura de esta decimoséptima pieza separada de la macrocausa 'Tándem'. El jefe de Riesgos y Aseguramiento Interno de Iberdrola, Juan Carlos Rebollo; el director de Administración de Control, Pablo Insunza; y el ex ‘número dos’ de Iberdrola José Luis San Pedro, declararon en noviembre de 2020 ante el juez García Castellón y tacharon la acusación de Del Olmo de falsa. Es más, firmaron una declaración en la que manifestaron que jamás habían visto o tenido algún tipo de conocimiento de la existencia de dicho informe.
Las últimas declaraciones
A esta tesis se ha sumado este lunes el exdirector general de Negocios, en cuya declaración como investigado ha cuestionado la veracidad de la prueba clave en la que se fundamentan las imputaciones. Francisco Martínez-Córcoles ha indicado ante el juez y fiscales Anticorrupción que no entiende por qué Del Olmo incluye su nombre en el informe y le vincula a la contratación de Villarejo, puesto que en ese momento no tenía ninguna competencia en materia de comprobación y aprobación de facturas, ya que en 2004 era el responsable de Generación de Iberdrola.
Por otro lado, Sánchez Galán podrá apoyarse en lo manifestado por Rafael Orbegozo para rebatir la hipótesis de que la cúpula sabía de la manipulación de las facturas de Villarejo. El que fuera jefe de Gabinete de Presidencia ha asegurado que la única relación que tuvo con los servicios que prestó el comisario jubilado fue el visado de dos facturas relacionadas con el encargo de unos servicios de seguridad para unos viajes. Ha explicado que para ello comprobó en las agendas del presidente, a las que tenía acceso con motivo de su cargo, que dichos desplazamientos habían tenido lugar. En este sentido, ha destacado que no tenía conocimiento de la falsedad de los conceptos, por lo que ha insinuado que él también habría sido engañado si esto de verdad ocurrió tal y como confesó Asenjo. Los investigadores creen que en realidad ambas facturas se habrían enmarcado en lo que el comisario jubilado denominó 'proyecto Gipsy' y 'proyecto Posy', que se habrían dedicado a investigar, por un lado, al exdirectivo de Iberdrola José María Álvarez Vázquez ante la sospecha de posibles pagos de comisiones ilegales; y, por otro lado, al presidente de ACS, Florentino Pérez.
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