La asociación contra la corrupción pide que los diputados no puedan asesorar a empresas

La Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social (Accors) considera que debe prohibirse que los parlamentarios asesoren a empresas, con el fin de evitar casos como los de Federico Trillo o Vicente Martínez-Pujalte, que cuando eran diputados cobraron de una constructora 354.560 y 75.000 euros, respectivamente.
Elena Vicente, presidenta de Accors, dijo a Servimedia que su asociación defiende que “la política no debe utilizarse como un instrumento para obtener beneficio personal, sino que aquellos que se dedican a ella deben prestar y desarrollar una labor de servicio público”.
La responsable de esta asociación sostuvo que “si los partidos políticos pretenden una verdadera regeneración social, deben poner los medios reales y efectivos para que los cargos políticos tengan una conducta ejemplar y que sus actuaciones y actividades no se puedan poner en tela de juicio por los ciudadanos”.
ORGANISMO DE CONTROL
A su juicio, “no es de recibo” que los parlamentarios “no asistan a las sesiones” de las Cámaras “y que dispongan de tiempo para realizar actividades privadas”. En este sentido, señaló que Accors considera que “resulta incompatible ejercer la función de representación de los ciudadanos con la de asesorar a empresas”.
Si los partidos se niegan a introducir esta prohibición, Vicente propone que “cualquier colaboración” con una empresa privada se someta “a la aprobación de un organismo público independiente dedicado a impedir prácticas corruptas en las instituciones”.
Además, la responsable de Accors indicó que su colectivo apuesta por que el régimen de incompatibilidades se estudie “con profundidad” y que en esta regulación trabajen “profesionales de prestigio del ámbito jurídico e instituciones y asociaciones que han dado un paso adelante en la lucha contra la corrupción”.