El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado los primeros pasos para aclarar quién está detrás de la infección con Pegasus de los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles. El magistrado ha acordado incoar diligencias al considerar que tiene competencia para investigar el presunto espionaje al presidente del Gobierno y la ministra de Defensa que habría tenido lugar entre mayo y junio de 2021 y ha preguntado a la Fiscalía qué diligencias considera que se deben practicar para aclarar si existe la comisión de un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Así lo ha acordado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, después de que la denuncia presentada este lunes por la Abogacía del Estado recayera en su órgano por turno de reparto. El juez instructor explica en su resolución que los hechos expuestos por los servicios jurídicos del Estado por la presunta infección con el programa informático Pegasus -desarrollado por la empresa israelí NSO Group- podrían estar relacionados con un delito sobre "descubrimiento y revelación de secretos" y "contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio".
En este sentido, el magistrado señala que estos derechos "salvaguardan un espacio de intimidad personal y familiar que queda sustraído a intromisiones extrañas, destacando la necesaria protección frente al creciente desarrollo de los medios y procedimientos de captación, divulgación y difusión de la misma y de datos y circunstancias que pertenecen a la intimidad". También subraya que la "ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos", lo que implica que el titular pueda "exigir que determinados datos personales no sean conocidos".
Por todo ello, el magistrado entiende que es "meridianamente claro" que la Audiencia Nacional tiene competencia para investigar los hechos al afectar directamente a altos organismos de la nación, como son el presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa, pues así lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así, sentadas todas las bases, el juez de Calama pide al Ministerio Fiscal que informe sobre la práctica de las diligencias de investigación que considere convenientes para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos objeto de denuncia, así como de las personas que en ellos hayan participado.
El auto dado a conocer este mismo martes detalla que la denuncia de la Abogacía del Estado se acompañan sendos informes del Centro Criptológico Nacional -adscrito al CNI- que "el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)" y que "el dispositivo móvil de la ministra de Defensa analizado fue infectado por Pegasus en junio de 2021". En ambos casos la resolución señala que "se produjo exfiltración de información del dispositivo debido a esta infección; en esas fechas; y actualmente el móvil no presenta indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus".
Un 'forensic' en profundidad
El uso de Pegasus ha cogido cierta actualidad tras revelarse el presunto espionaje a líderes independentistas catalanes y vascos fueron espiados. El expresidente del Parlament de Cataluña Roger Torrent denunció la infección de su terminal ante un juzgado de Barcelona. Todo ello llevó al CNI a recomendar a Moncloa un 'forensic' en profundidad. Las conclusiones llegaron este sábado al presidente: el móvil fue espiado por Pegasus en dos ocasiones y le sustrajeron 2,6 GB y 130 MB de datos, respectivamente. A Robles, 9 MB. "Estamos ante intervenciones ilícitas y externas (...) Conocemos el volumen de datos que se extrajeron pero no exactamente qué datos eran", denunció el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Las fechas señaladas son claves: la noche del 17 al 18 de mayo de 2021 tuvo lugar la entrada masiva de miles de migrantes de Marruecos a Ceuta provocando una crisis migratoria sin precedentes en respuesta al traslado a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a España para su ingreso en un hospital de Logroño. Este hecho, obligó a Pedro Sánchez a viajar el mismo 18 de mayo a las dos ciudades autónomas. Otra de las fechas marcadas por el CNI, el 31 de mayo de 2021, coincide con la declaración -por videoconferencia- del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ante la Audiencia Nacional, como investigado por genocidio, en una causa que fue reabierta y que volvió a ser archivada. Ghali abandonaba el territorio nacional la madrugada del 2 de junio, en un avión medicalizado con destino a Argel.
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