Un mes después de que el archivo del 'caso Villarejo' acordado para Repsol y CaixaBank fueran anulados, la Audiencia Nacional ha revocado el auto del juez Manuel García Castellón por el que puso fin a la investigación abierta por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo. De este modo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha dejado sin efecto los procesamientos de los exjefes de Seguridad de ambas compañías del Ibex 35, así como los sobreseimientos acordados con respecto a varios exdirectivos, como el exsecretario general de Repsol Luis Suárez de Lezo; los exresponsables corporativos de servicios patrimoniales de la petrolera Juan Amunategui y Joaquín Uris; y ex exdirector de medios del banco Antonio Massanell.
Los magistrados han estimado los recursos presentados por la Fiscalía Anticorrupción, el expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero (personado en la causa como perjudicado) y el partido Podemos contra la resolución que dictó el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 el pasado 20 de septiembre. Así, la Sala de lo Penal reabre formalmente la instrucción de la pieza 21 de la macrocausa 'Tándem'. Esto ocurre después de que el pasado 7 de febrero, el mismo tribunal revocara la decisión adoptada por el juez instructor, a finales del pasado mes de julio, de dejar fuera de la causa a la petrolera y a la entidad financiera, así como al presidente de Repsol, Antonio Burfau, y al de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, con el mandato de que se practiquen más diligencias de investigación, lo que en la práctica ya supuso la reapertura del procedimiento.
Ahora, en un auto con fecha de este 7 marzo, al que ha tenido acceso La Información, la Sección Tercera vuelve a compartir la postura de las acusaciones y afirma que "la instrucción no puede darse por finalizada, al considerar necesaria la práctica de diversas diligencias". No obstante, elude entrar a valorar "la pertinencia y necesidad" de cada una de las pruebas que se exponen en los recursos para seguir profundizando en los pormenores de la contratación, en 2011, del Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo, con el objetivo de frenar el pacto alcanzado por Sacyr y Pemex para intentar hacerse con el control del Consejo de Administración de Repsol.
Aún así, los magistrados de la Sala presidida por Alfonso Guevara recuerdan que en su anterior resolución ya ordenaron al juez García Castellón que cite a declarar como testigos a Enrique Hernández, el 'compliance officer' de Repsol, es decir la persona responsable de controlar que la compañía cumple con los requisitos legales y políticas internas con sus actividades; a la responsable de Auditoría Interna de CaixaBank, María Luis Retamosa; y al autor del informe pericial de KPMG que la petrolera aportó a la causa sobre el sistema de cumplimiento normativo que ya estaba instaurado en la corporación en la fecha en la que se requirieron los servicios del agente encubierto.
Así las cosas, la Sala considera que aún no es posible dejar la causa lista para su enjuiciamiento y anula los procesamientos acordados. Ello significa que devuelve a los entonces jefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank, Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño, a su anterior condición de investigados. Hace lo mismo con el exsubdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de la petrolera Rafael Girona; el comisario jubilado; el que fuera el socio de Villarejo en Cenyt, Rafael Redondo; y el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño.
Archivos "precipitados"
Asimismo, la Sala también ha desestimado los recursos de algunos de estos procesados, que solicitaron sus archivos en el procedimiento. El tribunal, por un lado, advierte que aún no se han acumulado todos los indicios para proponerles juzgar. Pero por otro, afirma que las pruebas que ya constan en el sumario de la causa, permiten entender que los entonces responsables de los departamentos de Seguridad de Repsol y CaixaBank "tomaron parte directa", "o se unieron en la fase inicial de realización del encargo de gestiones", en la contratación de Villarejo por el importe de 413.600 euros. En este sentido, señala que estos investigados "recibieron y transmitieron" los resultados que se obtuvieron del acceso a "determinados ficheros con datos reservados" sobre llamadas telefónicas y comunicaciones del expresidente de Sacyr y su entorno cercano.
En cuanto a los sobreseimientos de los otros exdirectivos acordados en septiembre, y que ahora han sido revocados, la Sala admite que en estos casos "los elementos incriminatorios son considerablemente más débiles", si bien extiende a ellos el mismo criterio que se siguió para Brufau y Fainé. Así, reitera que sus archivos fueron "prematuros", ya que la necesidad de practicar más diligencias hacen imposible alcanzar en este momento procesal una conclusión definitiva sobre su participación en los hechos.
Intervención en la contratación
Así las cosas, el auto destaca que de los documentos encontrados en las entradas y registros de los domicilios de Villarejo y Redondo se desprende que, de manera indiciaria, la iniciativa de iniciar una relación comercial con Cenyt fue "adoptada por los máximos responsables" de Repsol y CaixaBank -en ese momento principal accionista de la petrolera- "hasta la ejecución material de los encargos por sus directores de seguridad". Añade que todos los exdirectivos "intervinieron en la contratación de Cenyt o en el proceso de abono de su facturación", sobre la que se sospecha que hubo irregularidades y deficiencias.
Concretamente, indica que Luis Suárez de Lezo pudo haber intervenido en la transmisión de la orden de la presidencia de Repsol, en su condición de secretario general de esta compañía, al jefe de Seguridad de la época, Rafael Araújo, y haber sido "informado del resultado de las gestiones". Del mismo modo pudo ocurrir en el banco con el entonces director general de medios, Antonio Massanell Lavilla, que, tras reunirse con su homólogo en la petrolera, habría comunicado al director del área de seguridad, Miguel Ángel Fernández Rancaño, la decisión de contratar a una empresa para evitar las consecuencias del pacto sindicado entre Sacyr y Pemex.
El círculo lo cerrarían Juan de Amunátegui Rodríguez y Joaquín Uris Lloret, integrantes de la dirección corporativa de Repsol, por participar en el proceso de abono de los servicios. Según consta en el sumario, 218.900 euros que recibieron las empresas de Villarejo habrían sido abonados por la petrolera española, mientras que el banco habría afrontado los 194.700 euros restantes.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios