La audiencia avala las personaciones en la causa contra botín por cuentas opacas en suiza

La Audiencia Nacional ha avalado hoy la personación de tres acusaciones populares en la causa contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y varios miembros de su familia, incluidos sus cinco hijos, por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental, por las cuentas supuestamente opacas que tenían en Suiza.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso interpuesto por Botín contra el auto dictado en noviembre pasado por el instructor de la causa, el juez Fernando Andreu, con el que se aceptó la personación como acusaciones populares del sindicato Manos Limpias, de Ciudadanía Anticorrupción y de la Asociación contra la Corrupción Sistemática y en Defensa del Libre Ejercicio de la Acusación Particular.
La defensa de Botín aseguraba que la personación de estas asociaciones en la causa fue “improcedente” ya que no se trata de “una denuncia propiamente dicha” sino de un caso incoado “a prevención” para evitar la prescripción de hechos de trascendencia para la Hacienda Pública”.
Los magistrados de la Sección Tercera, presididos por Alfonso Guevara, han desestimado el recurso al considerar que estas asociaciones cumplen los requisitos necesarios para ejercer la acusación popular en el caso.
El tribunal ha valorado además que Andreu impuso a cada una de las asociaciones una fianza de 25.000 euros para que pudieran personarse en la causa, una cuantía que para los magistrados “no es simbólica o irrisoria” y que fue impuesta “con miras a evitar cualquier sospecha” de actuación fraudulenta.
CUENTAS EN SUIZA
La investigación contra la familia de Botín se inició en junio de 2011 cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria de una serie de clientes de la entidad bancaria HSBC en Suiza, entre los que se encontraban el presidente del Santander, sus cinco hijos, su hermano Jaime y cinco de sus sobrinos, y que no habrían presentado las liquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios de 2005 al 2009.
A requerimiento de la Agencia Tributaria, los denunciados procedieron a la presentación de las declaraciones de 2005 al 2009, en la mayor parte complementarias de las previamente presentadas en el plazo voluntario de la declaración.
La administración tributaria presentó un informe el pasado 15 de abril en el que se señalaba que, debido a la ingente documentación presentada por Botín y su familia, es incapaz de determinar si las regularizaciones realizadas han sido completas y veraces. Decidió, en consecuencia, remitir el expediente a la Fiscalía Anticorrupción.
DENUNCIA DE ANTICORRUPCIÓN
La Fiscalía finalmente presentó una denuncia contra la familia Botín ante la Audiencia Nacional debido a que los delitos perseguidos habrían prescrito este 30 de junio.
“La labor de verificación de las regularizaciones realizadas por el conjunto de contribuyentes no puede concluir en la sede de la Fiscalía Especial y se hace necesaria la interposición de la presente denuncia”, señalaba.
El escrito añadía que “en el supuesto de que las regularizaciones practicadas por los contribuyentes sean completas y veraces, será de aplicación, en sede de jurisdicción penal, la excusa absolutoria prevista y el archivo de las diligencias incoadas”.
El auto hecho público hoy destaca que de la documentación aportada por la Agencia Tributaria se desprende que Botín y su familia “han presentado declaraciones complementarias extemporáneas que superan, en alguno ejercicios, los 120.000 euros”.
“Cabría la posibilidad de que hubiera podido cometerse un delito contra la Hacienda Pública”, señala la resolución de la Sección Tercera de lo Penal.