La Audiencia Nacional ha condenado a cuatro miembros de una organización que engañó a centenares de personas aprovechándose de sus deudas con diferentes entidades bancarias. Los acusados, que se presentaban como intermediarios del banco chino ICBC, ofrecían inversiones y operaciones de financiación que nunca se llegaban a materializar y por las que se cobraban, por anticipado, diferentes cantidades de dinero en concepto de tasaciones y gastos de gestión. Asimismo, con el objetivo de incrementar el alcance de la trama, convirtieron a los estafados en colaboradores de la misma, al prometerles el pago de comisiones si captaban nuevos clientes, creando así una estafa piramidal. De este modo, se llegó a defraudar un importe aproximado de 357.106 euros.
La red, liderada por una mujer que utilizaba el nombre de 'Miriam Drak', fue desarticulada en septiembre de 2011 con una operación policial desarrollada en el archipiélago canario, con motivo de la investigación que siete meses antes había iniciado el Grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas. Pero debido a que los afectados de la trama se repartían por distintos puntos de la geografía española, fue la Audiencia Nacional la que asumió el caso a partir de 2013.
Más de una década después, el pasado mes de julio, la Sala Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebró la vista oral contra la líder del grupo criminal -quien cuenta con otras cuantas condenas a prisión por el delito de estafa y falsificación- y tres de sus miembros. Aunque el procedimiento se dirigió inicialmente contra 16 personas (uno de ellos aún en busca y captura al encontrarse en paradero desconocido), finalmente solo se llevó a juicio a cuatro de los investigados: la 'cabecilla' del grupo estafador, su dos hijos y una colaboradora.
Acuerdo de conformidad
El tribunal ha condenado a 'Miriam Drak' a dos años y diez meses de prisión por los delitos de estafa continuada y pertenencia a grupo criminal; mientras que los otros tres acusados han sido penados con un año y diez meses de cárcel, cada uno de ellos, por las mismas conductas penales. Las bajas penas se debe a que la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la defensa de los acusados alcanzaron un acuerdo de conformidad, después de que todos ellos reconocieran los hechos que se le imputan y manifestaran su disposición a reparar el daño causado a casi 250 personas -cantidades que oscilan entre los 360 euros y los 19.000 euros-, "en la medida de sus posibilidades". Así las cosas, se les aplica la atenuante de confesión tardía. Asimismo, en contra de la líder del grupo se añade la agravante de reincidencia al contar con varias condenas por delitos similares.
La sentencia, a la que ha tenido acceso La Información, explica que la trama comenzó a actuar en 2009 y se aprovechó de clientes "desfavorecidos económicamente que se encontraban acosados por su respectivos bancos" para 'venderles' la contratación de hipotecas y rehipotecas con unas "condiciones irrisorias, como un plazo de tiempo a pagar en la mayoría de los casos en 85 años, y con un 1,5 % de interés", lo cual era muy atractivo para captar a las víctimas.
La trama se aprovechó de clientes "desfavorecidos económicamente que se encontraban acosados por su respectivos bancos".
Para llevar a cabo la operativa, el entramado criminal requería a los perjudicados el pago por adelantado de gastos como tasaciones, que nunca se llegaban a realizar. A algunos de los clientes se les reclamaba dicha tasa en varias ocasiones, alegando que la financiación con una entidad no había tenido éxito y que se iba a intentar por otra vía o que era necesaria realizar de nuevo la misma gestión por el tiempo transcurrido.
El engaño se extendió al mercado de inversiones. Prevaleciéndose del desconocimiento de las víctimas y de la crisis económica que se vivía en el momento de los hechos, los acusados ofrecieron pólizas de crédito e inversiones de alta rentabilidad conocidas como SKR, prometiendo unos "beneficios astronómicos". Según indica los hechos probados de la sentencia, por 1.000 euros que aportaban los clientes, obtendrían un beneficio de 150.000 euros en tan solo un plazo de 45 días.
Para dar apariencia de eficacia y solvencia, la trama simuló documentación a nombre de dos empresas concretas para asegurar a los clientes que sus operaciones habían sido aprobadas. Así, ante las reclamaciones de las víctimas por la falta de pago de rentabilidades, los acusados empleaban "un repertorio de burdas excusas e incumplimiento de lo prometido, sin devolverles tampoco el dinero obtenido a base de mentiras y engaños". Otra de las tácticas empleadas era facilitar fechas para la firma de las financiaciones, que luego se volverían a cancelar, alegando todo tipo de justificaciones o culpando de la situación a otros colaboradores, "viéndose las víctimas inmersas en un círculo vicioso que les hacía pensar que la única opción que tenían era esperar".
Colaboradores inconscientes
En cuanto a la organización, se trataba de una red jerárquica, liderada por quien se hacía llamar Miriam Drak. Desde Madrid, la líder "gestionaba de forma directa la labor de los colaboradores", quienes muchos de ellos no se conocían físicamente al residir en distintas provincias, pero mantenían contactos entre sí, bien por vía telefónica o bien a través de Internet, para coordinarse. La cúpula del entramado estaba formada también por sus hijos, quienes, junto al 'cerebro' de la trama, eran los titulares de las cuentas donde los afectados depositaban el dinero que se les reclamaba para realizar supuestas gestiones.
Para que todo ello funcionara se contó con una red de intermediarios con un reparto de tareas específicas. El control era llevado a cabo a través de unos responsables a nivel regional o por zona de actuación, si bien las pesquisas no han permitido acreditar que todos ellos estuvieran al tanto del sistema de fraude piramidal y de que las operaciones en las que intermediaban nunca se iban a concluir. Por ello, la mayoría de los investigados vieron el archivo de la causa. No ocurrió lo mismo con la cuarta acusada, quien se hizo cargo, a instancias de Drak, de las operaciones en Tenerife, de las que se lucró económicamente con cantidades que varían entre los 1.000 y 1.500 euros mensuales. Además, era titular de varias cuentas bancarias donde se ingresaba el dinero aportado por los perjudicados, que después iría enviando, a través de giros postales, a su jefa, "desviando así el control bancario del mismo".
Por último, con el fin de expandir el fraude, la trama invitó a los clientes a recomendar el 'negocio' a parientes y conocidos, a cambio de comisiones si estos firmaban alguna operación de financiación. De este modo, se convertían en "colaboradores inconscientes", llegando en ocasiones a utilizar este engaño de manera "forzosa" como "único modo de recuperar lo invertido". La Policía comenzó a investigar el entramado a raíz de las denuncias de algunos de los perjudicados que se percataron de la estafa.
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