La Audiencia confirma el archivo de Galán por la contratación de Villarejo

La pesadilla del 'caso Villarejo' termina definitivamente para Ignacio Sánchez Galán. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo decretado el pasado mes de junio con respecto al presidente de Iberdrola en relación a la investigación abierta por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2017. Los magistrados ratifican que los hechos que se le imputaban al máximo responsable de la eléctrica, que durante un año ha estado imputado por los delitos de cohecho, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil, están prescritos.

En un auto hecho público este viernes, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal confirman el sobreseimiento libre acordado por Manuel García Castellón, el juez instructor de la macrocausa sobre los negocios privados que realizó Villarejo a través de su entramado empresarial, el Grupo Cenyt. El tribunal adopta esta decisión, después de que varias acusaciones, como la que ejerce el presidente de ACS, Florentino Pérez -personado como víctima de los espionajes del comisario jubilado-; el empresario Corneliu Dica -también perjudicado de los trabajos del agente encubierto-; el partido político Podemos; o la Fiscalía Anticorrupción recurrieran dicho archivo.

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El tribunal explica que, de acuerdo con la legislación aplicable en el momento que ocurrieron los hechos, el delito de cohecho prescribía a los 10 años, un plazo que ya había transcurrido cuando Sánchez Galán fue citado como investigado en la decimoséptima pieza separada del 'caso Villarejo', el 23 de junio de 2021. "Los hechos que se le imputan en el auto recurrido ocurrieron entre 2004 y 2009", subraya. De este modo, los magistrados avalan el criterio del juez instructor, que se vio obligado a archivar el procedimiento para el máximo responsable de la compañía eléctrica por mandato de la Sala, que previamente había determinado los plazos de prescripción al resolver un recurso contra el archivo acordado con respecto al que fuera jefe de Gabinete de Sánchez Galán.

En cuanto a los delitos contra la intimidad cometido por funcionarios públicos y falsedad en documento mercantil, la Sección Tercera señala que, como ocurre en el caso anterior, también estarían prescritos "al no estar ninguno de ellos castigado con pena que alcance diez años de prisión". Con esta resolución, el máximo responsable de Iberdrola queda totalmente fuera del 'caso Villarejo', al igual que la empresa que dirige. Precisamente, la semana pasada, la misma Sala avaló la decisión del juez García Castellón de no citar como imputado a Iberdrola S.A.

Según consta en el sumario de la causa, el agente encubierto, a través de Cenyt, desarrolló los proyectos denominados 'Arrow' (entre 2004 y 2006), con el objetivo de superar los obstáculos que estaban surgiendo en la construcción y puesta en marcha de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz); 'Black Board' o 'B-B' (en 2004 y 2005), para obtener información supuestamente sensible sobre actividades de Manuel Pizarro, entonces presidente de Endesa. A ellos se suman los proyectos bautizados como 'Gipsy' y 'Posy' (en 2009), relacionados con Florentino Pérez. En todos ellos, primero, Sánchez Galán ejercía como vicepresidente y consejero delegado de la eléctrica, y después, desde 2006, como presidente de la compañía.

Cabe destacar que esta decisión judicial no supone el fin de la investigación sobre los pagos que se hicieron al comisario jubilado, pues todavía continúa abierta contra el resto de imputados, entre los que se encuentran el expolicía y el exjefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 escuchó el pasado 28 de septiembre a tres testigos para aclarar los trabajos de Villarejo. Además, la Sala de lo Penal tiene otro recurso importante pendiente, el relativo al archivo de Iberdrola Renovables Energía, que ha estado imputada por el pago de 29.500 euros, en 2012, a Cenyt, en relación al proyecto 'Wind', centrado en el espionaje de la sociedad suiza Eólica Dobrogea, y sus representantes, con la que la multinacional vasca se habría aliado para desarrollar un proyecto en Rumanía. 

Aunque el representante de la empresa filial aseguró en su declaración ante el juez que el abono de dicha cantidad no correspondía a ningún servicio concreto, sino a los gastos que generó una "oferta de un plan de acción y un presupuesto" que nunca se llegó a contratar; el instructor tomó la decisión del archivo siguiendo el camino marcado por la Sala de lo Penal. En este sentido, entendió que el plazo de cinco años para que la presunta responsabilidad expirase ya había sido superado.