La Audiencia confirma la imputación por prevaricación del alcalde y 6 ediles

  • Santander.- La Audiencia de Cantabria también ve indicios de que el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, y seis concejales cometieron delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de las obras del túnel de Mioño y de un ascensor, por lo que ha confirmado su imputación.

La Audiencia confirma la imputación por prevaricación del alcalde y 6 ediles
La Audiencia confirma la imputación por prevaricación del alcalde y 6 ediles

Santander.- La Audiencia de Cantabria también ve indicios de que el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, y seis concejales cometieron delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de las obras del túnel de Mioño y de un ascensor, por lo que ha confirmado su imputación.

La sección tercera de la Audiencia de Cantabria ha desestimado así el recurso que el alcalde y los concejales del anterior equipo de Gobierno presentaron contra un auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales, que les acusaba de esos delitos.

La Audiencia de Cantabria ha eximido a José Antonio Gutiérrez, uno de los dos secretarios judiciales imputados, y ha declarado que el ex interventor del Ayuntamiento Fernando Urruticoechea no puede personarse como acusación particular, porque no tiene la condición de perjudicado.

El alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno en el 2004, los concejales José María Rodríguez y Concepción Carranza, del PP; Salvador Hierro y Santiago Vélez, de IU, y los ex ediles del PRC Jaime Díez Muro y Juan Molinero, están acusados de dos delitos de prevaricación por la presunta adjudicación a dedo, en el 2004, de las obras del túnel de Mioño y de construcción de un ascensor en el Mercado Municipal de Castro Urdiales.

Además, al entonces concejal de Obras y actual portavoz de IU, Salvador Hierro, y a Jaime Díez Muro se les imputan dos delitos de tráfico de influencias, porque las obras fueron adjudicados a la empresa Izeta, de la que el hermano del ex concejal regionalista era apoderado.

En un auto hecho público hoy, la sala destaca que "no es que existieran deficiencias en la contratación de esas obras, sino que lo que hay es una total ausencia de expediente de contratación".

La Audiencia de Cantabria explica que la Junta de Gobierno adjudicó por unanimidad ambas obras en octubre y diciembre de 2004, tras un contacto del representante de la empresa con el concejal de Obras y sin que las ofertas fuerzan revisadas por la Comisión Informativa.

La sala comparte el criterio del juez instructor de que las obras fueron adjudicadas directamente a la empresa que "libremente se designa, fuera del orden del día, ajenos al control de la comisión informativa y al precio que la adjudicataria quiso señalar".

La adjudicación, añade la Audiencia de Cantabria, se comunicó a intervención, a tesorería y a los servicios de intervención a posteriori, no se hizo retención de crédito para financiarla, no se acreditó la solvencia técnica de la empresa que subcontrató íntegramente las obras, no se prestó garantía en forma, ni se documentó por escrito el contrato en ninguna de las dos.

En ambas adjudicaciones se omite la tramitación del expediente, hay ausencia de concursantes competidores por falta de publicidad, faltan datos para fijar un precio, no se recaban más presupuestos y no se acredita la necesidad y urgencia de las obras.

Según el tribunal, con posterioridad a la adjudicación se incorporó al expediente un folio "aparentando" una oferta de otra empresa.

Uno de los secretarios del Ayuntamiento, también imputado, declaró en la fase de instrucción que en la Junta de Gobierno "no se veía ningún expediente ni papel" y que cada concejal manifestaba qué asuntos quería que se le aprobaran sin ningún expediente y que nadie decía nada porque "todo se basaba en la plena confianza y en la unanimidad".

La Audiencia de Cantabria ha confirmado la imputación del interventor Gregorio Alcedo, porque no puso reparos a una de las adjudicaciones a pesar de ser contraria a la ley y autorizó la disposición del 20 por ciento del importe de la obra el mismo día del acuerdo.

También ve indicios de prevaricación en la actuación de uno de los secretarios, Cesar Saiz Alonso, porque no cumplió su obligación de comprobar la correcta tramitación de los expedientes, no lo advirtió expresamente y no realizó un solo informe sobre los reparos del anterior interventor.

Sin embargo, la sala exime a José Antonio Gutiérrez Olivares, un letrado del Ayuntamiento que actuó como secretario sustituto en una de las sesiones, quien se limitó a bajar a la sala de juntas para dar fe de una sesión que ya había sido convocada.

La Audiencia de Cantabria ha decidido también que el anterior interventor municipal no puede personarse como acusación particular porque no tiene la condición de perjudicado, de acuerdo con un recurso presentado por el alcalde y tres de los concejales imputados.

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