La Audiencia de Castellón rechaza que Fabra sea juzgado por un jurado popular

Castellón.- La Audiencia Provincial de Castellón ha rechazado que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, sea juzgado por un jurado popular en el caso de que la causa abierta contra él llegue a juicio a la fase de vista oral.

Según una resolución de la Sección Segunda de la Audiencia, la investigación abierta contra él por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal en el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, debe seguir el cauce ordinario, y en el caso de que derive finalmente en juicio oral, será ante un tribunal formado por magistrados y no por ciudadanos.

De esta forma, la Audiencia estima el recurso de Fabra y el del Ministerio Fiscal contra la decisión que adoptó el propio juzgado de Nules de proseguir de acuerdo a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, según han informado en un comunicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Según la Audiencia, no existe "relación funcional" entre los delitos de cohecho y tráfico de influencias y el fraude fiscal, sino que "unos y otros delitos discurren por sendas distintas".

El tribunal añade que no se aprecian claramente cuáles puedan ser los hechos que pudieran ser constitutivos de cohecho, han explicado las mismas fuentes.

Entiende además, como apuntó el Ministerio Fiscal, que incluir el posible delito contra la Hacienda Pública a la competencia del Jurado iría en contra del "espíritu" de la propia Ley, cuyo criterio es evitar los casos que puedan tener una excesiva complejidad, ya que son "poco adecuados" para aquellos que no sean profesionales de la función judicial.

Por otra parte, en otro auto, la Sección Segunda ha dado su visto bueno a que el informe pericial incluido en esta causa sea ratificado por sus autores, alegación que formularon Fabra y su esposa, también imputada en esta causa.

Según el escrito de acusación del fiscal, quien pide 15 años de prisión para el mandatario provincial, Fabra medió ante autoridades para agilizar la concesión de licencias de productos sanitarios de la empresa Naranjax, administrada por el empresario Vicente Vilar y su ex esposa -ambos imputados en el caso- y solicitó después el pago de 25 millones de pesetas por la gestión.

Anticorrupción sostiene además que entre 1999 y 2004, Fabra y su esposa, María Amparo Fernández, tuvieron ingresos que ocultaron a Hacienda y que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta que declararon.

Las cantidades supuestamente defraudadas en ese periodo suman más de 880.000 euros por parte del presidente de la Diputación de Castellón, y más de 580.000 por parte de Fernández Blanes.

La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre de 2003 por Vilar, quien acusó a Fabra de cobrarle por hacer gestiones ante los Ministerios de Sanidad y Agricultura para conseguir agilizar las autorizaciones de fabricación de productos fitosanitarios.

A raíz de esta acusación, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, y tras ello el juez acordó que se investigaran sus cuentas desde ese año hasta 2004.