La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez que declare secreta la causa abierta por el 'hackeo' de los móviles Pedro Sánchez y Margarita Robles. El Ministerio Público ha realizado esta solicitud justo un día después de que el instructor José Luis Calama abriera una investigación para aclarar quién estaría detrás de la presunta infección con el programa informático Pegasus de los teléfonos del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa entre los meses de mayo y junio de 2021, según han informado fuentes fiscales. De momento, el magistrado encargado de las pesquisas no ha tomado una decisión al respecto.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, asumió este mismo martes la competencia para investigar los hechos denunciados por la Abogacía del Estado un día antes y apuntó a la posibilidad de la existencia de delitos descubrimiento y revelación de secretos y contra la intimidad, a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. En este sentido, el magistrado solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que informara de las diligencias que considera pertinentes realizar para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos que se comienzan a investigar, así como de las personas que en ellos hayan participado.
En dicha resolución por el que se el juez Calama inició la investigación, se dio a conocer que el móvil del presidente del Gobierno fue infectado por Pegasus "en dos ocasiones", el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021, mientras que el dispositivo de la ministra de Defensa fue infectado por dicho programa espía en junio de 2021, pero sin concretar la fecha exacta. Así consta en los informes del Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional Internacional (CNI), que acompañaba la denuncia que los servicios jurídicos del Estado presentaron este lunes. En ambos casos, señala el magistrado instructor, "se produjo exfiltración de información del dispositivo debido a esta infección" y que ninguno de los dos teléfonos presentan ya "indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus".
Por el momento, el juez de la Audiencia Nacional no ha decidido si decreta el secreto de las actuaciones, tal y como ha solicitado la Fiscalía. Según han indicado fuentes jurídicas a La Información, no sería de extrañar que el magistrado avalara la postura del Ministerio Público al tratarse de una cuestión que afecta a altos cargos del Gobierno, como son el jefe del Ejecutivo y una ministra, a lo que se añade la "cierta sensibilidad" que puede tener la información que se habría extraído de sus terminales.
El CNI comunicó el pasado sábado a Moncloa de que los teléfonos de Sánchez y Robles habían sido víctimas del programa espía desarrollado por una compañía israelí. En concreto, informaron de que el móvil del presidente fue espiado por Pegasus en dos ocasiones y le sustrajeron 2,6 GB y 130 MB de datos, respectivamente; y que a Robles le 'quitaron' 9 MB. "Estamos ante intervenciones ilícitas y externas (...) Conocemos el volumen de datos que se extrajeron pero no exactamente qué datos eran", denunció el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Tras ello, el servicio de inteligencia analiza también los dispositivos de los miembros del Gobierno para detectar cualquier indicio de espionaje. Al menos, las vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera; y la Ministra de Justicia, Pilar Llop, habrían puesto ya a disposición del CCN sus teléfonos móviles.
Crisis migratoria
Las fechas en las que supuestamente tuvieron lugar los dos ataques con Pegasus en el móvil de Sánchez tienen cierta relevancia. La primera infección habría sido el 19 de mayo de 2021, justo un día después de que el presidente viajara a Ceuta y Melilla para analizar una de las mayores crisis migratorias con Marruecos. Todo ello derivado de la entrada de más de 10.000 inmigrantes saltaran la valla durante la noche del 17 al 18 de mayo de 2021 en respuesta al traslado a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para su ingreso en un hospital de Logroño.
En cuanto a la segunda fecha resaltada por el CNI, el 31 de mayo de 2021, coincide con un duro comunicado que emitió Marruecos, en el que precisó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara Occidental y no por la acogida de Ghali. Sánchez tildó de "inaceptable" que el reino alauí utilizara la migración por las "desavenencias en política exterior". Se da la circunstancia de que un día después, el 1 de junio, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali, declaró ante la Audiencia Nacional, como investigado por genocidio, en una causa que fue reabierta y que volvió a ser archivada. Tras ello, abandonó el territorio nacional, la madrugada del 2 de junio, en un avión medicalizado con destino a Argel.
Pero los meses de mayo y junio fueron también fueron clave en el ámbito económico y en el plano político. Por un lado, se esperaba la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por parte de la Comisión Europea. El 'ok' de Bruselas se obtuvo finalmente el 16 de junio de 2021. Por otro lado, estaba en juego la reactivación de la mesa de diálogo con el Govern Catalán, que el 21 de mayo 'recibía' a su nuevo presidente, Pere Aragonès. Para ello era fundamental que se aprobaran los indultos a los líderes independentistas que fueron condenados por el Tribunal Supremo por el delito de sedición cometidos en el otoño de 2017. El 'perdón' del Gobierno llegó el 21 de junio de ese mismo año.
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